La Justicia rechazó una de las tres cautelares solicitadas por los padres de los alumnos que quedaron libres luego de que fueran sancionados por las autoridades del Colegio Nacional de Buenos Aires por haber participado en la toma de esa institución.
De los 25 chicos sancionados, diez quedaron libres y tres hicieron presentaciones ante la Justicia. Esta semana, dos de estos alumnos consiguieron reincorporarse a clase. Fausto R., en cambio, no pudo hacerlo.
Su madre, María Fernanda Lucarnini, fue quien llevó adelante la presentación y ayer se enteró de la resolución del Juzgado casi al mismo tiempo que los otros dos alumnos se reincorporaban a clase.
“No sé los motivos. Ahora vamos a notificarnos de la medida y a presentar un escrito para tratar de que se revea”, señaló a PERFIL Lucarnini.
En la resolución, la jueza Liliana Heiland sostuvo que “la sanción disciplinaria resultaba de un hecho contrario al reglamento interno”, y agregó: “La decisión de poner veinte amonestaciones era justa y razonable ya que nadie quedaba libre por este sólo acto”.
El fallo contradice los amparos presentados por Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, y Diego Adamovsky a favor de sus respectivos hijos, que cursan el 5º año y que también habían quedado libres.
Polémica. Más allá del beneplácito por ver a su hijo retornar a clase, Adamovsky contó a PERFIL que todavía no entiende por qué sancionaron a su hijo. “Fue una arbitrariedad de parte de las autoridades del Colegio. Lo culparon de participar de la toma y lo acusaron de portar armas y romper un banco. Mi hijo sólo fue a una asamblea y ahí fue reconocido por un empleado no docente que lo acusó. Además, el rector nunca quiso que los alumnos libres vuelvan al Colegio”, agregó Adamovsky.
El rector Gustavo Zorzoli, en tanto, afirmó que apelará. Y aseguró: “La Justicia no nos escuchó y decidió levantar las sanciones de los alumnos a pesar de nuestros informes. También es una falta de inequidad respecto a los demás alumnos que quedaron libres. Además, hay que tener en cuenta que las familias recurrieron a la Justicia antes de que se expidiera el Consejo de Supervivencia”.
