Mientras varios proyectos, con intereses opuestos, continúan sin convencer a la mitad más uno de los legisladores porteños, la actividad de los cuidacoches en las calles de la Ciudad preocupa a los vecinos. El negocio de los llamados “trapitos” no se denuncia, tampoco se sanciona y menos aún se prohibe.
Según datos que maneja la Fiscalía General de la Ciudad, casi la totalidad de las investigaciones iniciadas entre 2012 y 2013 terminó archivada y sin sanciones, ninguna fue elevada a juicio y el 40,3% de los imputados reincide al menos una vez en el mismo año.
De un total de 3.191 denuncias ingresadas durante 2013 (representa casi el 10% de la carga de trabajo del Ministerio Público Fiscal), el 94,9% fue archivado por falta de pruebas y el 4,8% fue recalificado a falta, es decir que, ante la imposibilidad de acreditar la exigencia de retribución prevista en el tipo contravencional, los fiscales deciden sólo sancionar el ejercicio de actividad lucrativa sin permiso previo. Y el 99% fueron casos iniciados a partir de la intervención policial, lo que indica que la actividad de los trapitos no es denunciada. Pese a eso, el informe revela que la mayoría de los vecinos perciben el desembarco de los trapitos en su barrio como una contravención, pero también como la llegada del delito a su zona de residencia.
Reincidencia. Del 40,3% de los imputados que reinciden en la conducta de exigir remuneración a cambio de “cuidar” el vehículo, un 20,2% estuvo asociado a dos o tres casos y el restante 20,1% a cuatro casos o más.
La reiteración en la conducta de los cuidacoches se da porque representan a organizaciones mafiosas que persiguen una rentabilidad económica. Y en esa búsqueda oportunista, van mudándose de zona de acuerdo a la actividad deportiva, social y cultural de cada barrio”, explica a PERFIL Martín Ocampo, fiscal general de la Ciudad.
Geo-referenciación. El 71,7% de los casos corresponde a hechos ocurridos en las comunas 13 (Belgrano, Núñez y Colegiales) y 14 (Palermo). De ese universo, el 54,5% de los casos tuvieron lugar en la primera.
En la Legislatura porteña hay dos proyectos presentados. El del PRO (Ritondo-Quattromano) busca prohibir la actividad y aplicar de uno a cinco días de arresto o multas de $200 a $ 2 mil para los trapitos. El otro pertenece al Frente para la Victoria (Alegre-Neira) que contempla la creación de un registro de personas habilitadas para realizar la actividad.
