Los Tribunales Federales de Morón están en la mira de la propia Justicia, ante la denuncia del propietario del edificio donde está la sede judicial, quien inició una demanda por ocupación ilegal desde el 2013, ya que desde entonces no le pagan el alquiler.
Según destacó la agencia Noticias Argentinas, la denuncia es vox populi en los pasillos del edificio ubicado en Crisólogo Larralde 673, donde funcionan los juzgados federales de primera instancia y tramitan causas de corrupción y de narcotráfico, lo cual generó un importante nivel de preocupación tanto en los empleados como en los magistrados.
El propietario del edificio, Jorge Eduardo Azariu, realizó la presentación ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal. A medida que se tensaban las negociaciones pidió el desalojo por parte de los funcionarios judiciales. Todo comenzó en 2005: mediante licitación pública se adjudicó el inmueble para el funcionamiento de los juzgados federales de Morón y en 2007 el propietario firmó un acuerdo de locación con la Dirección General de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura.
El primer contraro tenía un plazo de tres años, vencía el 23 de mayo de 2010, y establecía un canon de 58.700 pesos.
Aquel documento permitía una única prórroga de la locación, que se utilizó: el uso del inmueble se extendió tres años, hasta 2013. Sin embargo, el problema comenzó ante la falta de acuerdo del propietario por el valor mensual de alquiler cuando se intentó lograr una segunda prórroga. Según Azariu, los Tribunales Federales de Morón están ocupando el predio de manera ilegal desde el 23 de mayo de 2013, así como también denuncia que la Justicia dejó de pagar el alquiler al año siguiente.
El propietario criticó que pese a la demanda en curso y la falta de pago, se hacían reformas en el edificio, tales como la colocación de equipos de aire acondicionado.
En marzo de 2015, el Consejo de la Magistratura ofreció pagar mensualmente 142.800 pesos por mes basándose en un informe del Tribunal de Tasaciones estimó el valor locativo mensual en 125 mil pesos, aunque el propietario impugnó ese cálculo. Meses más tarde, en septiembre del mismo año, el Consejo ofertó una suma mensual de 161.000 pesos y Azariu nuevamente impugnó el informe: incluso, intimó al desalojo mediante carta documento.
Esta semana, la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Rita Ailán resolvió tras ser instada por la Cámara en dos oportunidades: rechazó la cautelar con el pedido de desalojo del edificio, aunque aún queda pendiente la cuestión de fondo. Si bien no avaló el desalojo para no afectar el servicio de justicia, la magistrada exhortó al Consejo de la Magistratura a buscar una solución.
NA/H.B.
