La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó hoy apurar la limpieza de la cuenca Matanza Riachuelo y multar a los funcionarios públicos responsables que incumplan con las obligaciones encomendadas, tras dos años de la sentencia que ordenó el saneamiento integral de la cuenca.
“Transcurridos dos años desde ese pronunciamiento, y a pesar de los continuos requerimientos efectuados por el juez delegado, se advierten incumplimientos que no han sido debidamente justificados, circunstancia que obliga a esta Corte Suprema a encomendar al referido magistrado que adopte las medidas necesarias para el inmediato y eficaz cumplimiento de la sentencia”, señaló la Corte en su resolución, según informó el CIJ .
La sentencia de la Corte data del 8 de julio de 2008, con la que ordenó que se resuelva de modo definitivo la prevención y recomposición ambiental de la cuenca "Matanza-Riachuelo", y le atribuyó al Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, la competencia de la causa.
“Que en la referida sentencia esta Corte determinó que la autoridad obligada a la ejecución del programa y responsable de su cumplimiento oportuno, es la Autoridad de Cuenca contemplada en la ley 26.168”, destacó la Corte en la resolución.
Y atribuyó al “el juez delegado” para que tome “todas las medidas” necesarias “para la ejecución de la sentencia”. Y recordó que se encuentra “investido por esta Corte de atribuciones suficientes para la aplicación de las sanciones pecuniarias que considere adecuadas en orden a la gravedad de los incumplimientos verificados, las que se harán efectivas en la persona del Presidente de la Autoridad de Cuenca (ACUMAR) y de los demás funcionarios involucrados por mandatos específicos y determinados”.
"En forma inmediata y bajo apercibimiento" de sufrir sanciones, la ACUMAR deberá instrumentar " un sistema de información digital de acceso público que contenga todos los datos, informes, listados, cronogramas, costos actualizados" de las tareas que se realizan, determinó la resolución.
La Corte también dispuso que la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo deberá adoptar "alguno de los sistemas internacionales de medición disponibles, incluyéndose la realización de auditorías técnicas de control".
En cuanto a las demoras en el saneamiento de basurales, agua potable, cloacas y contaminación industrial, que el juez Armella ya había reclamado en junio, la Corte señaló que la ACUMAR deberá "identificar con precisión las causas y los funcionarios involucrados" en el incumplimiento del fallo de la Corte, informó la agencia DyN.
En el fallo, el Tribunal preguntó al organismo por qué celebró un convenio con la Auditoría General de la Nación recién el 26 de abril de 2010 para el control de los fondos públicos, cuando el "Fallo Mendoza", que ordenó el saneamiento, tiene dos años de vigencia.
La Corte también pidió que la Auditoría General de la Nación "informe las dificultades que haya tenido para efectuar el control encomendado y las observaciones que haya realizado hasta el momento". Y reclamó al Defensor del Pueblo de la Nación que "manifieste las observaciones que estime pertinente respecto del grado de cumplimiento del Plan de Saneamiento".
El fallo fue firmado por los siete jueces de la Corte Suprema de Justicia, que son Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay.
El fallo fue firmado por los siete jueces de la Corte Suprema de Justicia, que son Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay.
El 27 de abril la ACUMAR, conformada por los gobiernos nacional, porteño y bonaerense, presentó ante la Corte un informe de situación sobre los "avances" realizados en el saneamiento de la cuenca, entre los que destacó la urbanización de villas, ampliación de las redes de agua potable y erradicación de basurales.
Esa presentación se hizo en cumplimiento del plazo de quince días establecido con anterioridad por los jueces de la Corte para entregar un informe unificado sobre la situación ambiental del curso de agua, que afecta a cerca de cinco millones de personas.
Consultado por Perfil.com, el director del área Riachuelo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, señaló que la resolución de la Corte no es más que "la verificación de que el fallo para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo está incumplido en una gran parte". Y destacó que no se trata sólo de una advertencia a los funcionarios que no cumplieron, sino que también está "instando al juez federal para que tome las medidas necesarias contra esos funcionarios. Medidas que son fundamentalmente multas, económicas y personales".
Consultado por Perfil.com, el director del área Riachuelo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, señaló que la resolución de la Corte no es más que "la verificación de que el fallo para sanear la cuenca Matanza-Riachuelo está incumplido en una gran parte". Y destacó que no se trata sólo de una advertencia a los funcionarios que no cumplieron, sino que también está "instando al juez federal para que tome las medidas necesarias contra esos funcionarios. Medidas que son fundamentalmente multas, económicas y personales".
Los incumplimientos más graves de estos dos años son "varios", según Nápoli, y detalla algunos: "No se ha hecho nada con la orden de atender a la población en situacion de riesgo; sólo un 30% de las empresas han sido inspeccionadas para verificar el grado de contaminación industrial; hay pocas empresas que han presentado una reconversión industrial; no se ha hecho control del aire de la cuenca; no se pusieron en marcha los indicadores para medir los avances del fallo...".
Para Nápoli, la nueva resolución "demuestra que la Corte se está ocupando del tema y está interesada en que se cumpla su fallo". Este año, ya intervino otras dos veces pidiendo a ACUMAR informes de los avances de su tarea de saneamiento.
