La Corte Suprema de Justicia intimó hoy a la Fuerza Aérea a que, en un plazo de veinte días, informe a los usuarios sobre el estado en el que se encuentran los aviones de las distintas empresas y dé a conocer la documentación en que basó sus conclusiones.
El alto tribunal, según un dictamen difundido esta tarde, confirmó un fallo en el que se hace lugar a un recurso de amparo presentado por el abogado Ricardo Monner Sans, quien consideró que esa información debe ser pública para los usuarios del transporte aerocomercial.
La información fue suministrada por fuentes judiciales, quienes afirmaron que la Corte giró su resolución a la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad que depende de Aeronáutica.
En el amparo, se solicitó que esa dirección “publique mensualmente en dos diarios de circulación en toda la República Argentina, un informe explícito y fundado respecto de la calificación mensual de las empresas aerotransportistas respecto de la seguridad que ofrecen sus aeronaves”.
Monner Sans sostuvo que tenía legitimación para hacer la petición porque “ha utilizado y utilizará en el futuro el servicio de aerotransporte comercial” e invocó, como base legal de su pretensión, “el derecho a la información, a la seguridad y a la vida”.
La medida está enmarcada en una serie irregularidades en la navegación aérea argentina, que tuvieron como eje la disputa por el documental Fuerza Aérea Sociedad Anónima, del director Enrique Piñeyro, quien denuncia la corrupción de ese organismo.
Los reclamos del ex presidente de la Asociación de Pilotos también desembocaron en una reacción oficial inmediata por parte del Gobierno –a pesar de que ya habría determinado un proyecto en ese mismo sentido– que traspasó al organismo de control Comando de Regiones Aéreas, dependiente del aérea militar, al área civil.