14 de julio de 2011. Un disparo. Dos. Tres. Así hasta 7. Todos contra la casa de Augusto, campesino del paraje Santa Rosa, departamento de Alberdi. Allí se instaló la empresa multinacional Conexa S.A. que realiza trabajos de alambrados en tierras fiscales donde viven 3182 familias y reclama 75 mil hectáreas (450 km al norte de la capital de Santiago del Estero). Fue una ráfaga que duró unos segundos. Augusto salió para ver que pasaba. No alcanzó a ver cuantos eran los atacantes cuando un sujeto comenzó a golpearlo con la culata del arma. Otro, mientras tanto, le prendió fuego la camioneta que usa para ir al pueblo de Monte Quemado.
Los atacantes se subieron a un vehículo y desaparecieron. A Augusto le hicieron 11 puntos en la cabeza. Ellos sospechan de los hermanos Juárez, una suerte de matones a sueldo. Uno de ellos, Javier, fue quien mató a Cristian Ferreyra el 17 de noviembre.
“Yo pensé que eran mis hijos cuando escuché la camioneta. Salí y me empezaron a golpear. Saben que las tierras son nuestras, ya no negocian siquiera, vienen a matarnos”, resume a Perfil.com.
21 de julio. Era media mañana cuando Santiago, uno de los líderes campesinos en defensa de sus tierras, estaba en los corrales para vacunar a la decena de chivos que tiene. Su madre se quedó en la casa. Llegó una camioneta con 15 personas. Lo venían a buscar. Ella los encaró: “Santi no está acá”.
- Le vamos a prender fuego el rancho- le gritaron.
- Quemala, yo voy a entregar mi sangre por la tierra- añadió ella. En ese instante uno buscó algo adentro de la camioneta. Hubo una discusión entre ellos y decidieron irse. Antes le avisaron que iban a volver “cuando esté su hijo por acá”. Entre ellos estaban los Juárez.
Para Santiago, las amenazas son por su defensa de las tierras: “Éramos anónimos hasta que empezaron a robarnos el monte. Como nos organizamos y defendemos lo nuestro quieren echarnos a tiros”.
Estos casos demuestran que lo que le sucedió a Cristian Ferreyra no fue algo casual. Las amenazas contra los campesinos se repiten. Tampoco comenzaron este año. Las tierras del norte santiagueño no eran productivas hasta que comenzó el boom agropecuario a comienzos del siglo XXI. Ahí los empresarios vieron la gran oportunidad de trabajar esas tierras. El problema: hay pueblos adentro.
Años así. El 12 de agosto de 2005, Walter Gustavo Cuellar murió en un accidente cuando participaba de una protesta contra Conexa. La dirección de Recursos Naturales de la Provincia no había aprobado el plan de manejo de bosques presentado por la empresa por considerar dudosos los títulos de propiedad.
En esas tierras existen 46 parajes, 12 escuelas, 23 postas sanitarias, 5 templos, 8 destacamentos policiales y 8 delegaciones registro civil, correos y cabinas telefónicas.
En el paraje Santa Clara, Departamento de Copo vive Omar y su familia. A él lo vinieron a buscar en 2006. Un empleado de la empresa lo denunció ante la policía, sabiendo que era uno de los más comprometidos en la defensa de los terrenos. “Me vino a buscar la GETOAR (policía santiagueña). Allanaron, destruyeron cosas y se fueron”. El 2 de febrero se entregó para saber las razones. Estuvo en la comisaría preso 35 días. Lo liberaron por falta de pruebas.
La familia Santillán está en el paraje Sol de Mayo desde comienzos del siglo XX. El 7 de febrero de 2006, veinte policías transportados, según testigos, por camionetas de la empresa privada Madera Dura del Norte S.A. (reclama 150 mil hectáreas), se acercaron custodiando una topadora de la empresa Desmontes Londero. Los campesinos, en total 11, con sus herramientas de trabajo en la mano, quisieron impedirlo. Todo terminó con represión, balas de goma y gases lacrimógenos. Se llevaron a Juan Santillán que estuvo preso 10 días en la capital.
Todos viven con miedo. Miedo a que los vengan a buscar con policía o con guardias privados. Miedo a que los echen de su casa. Un miedo que 10 años atrás era impensado y hoy es una realidad. Más, después del asesinato a sangre fría de Cristian Ferreyra.
(*) Enviado especial a Santiago del Estero. De la redacción de Perfil.com.
