Los padres de una niña de 12 años que quedó embarazada tras ser víctima de una violación en la localidad de Maipú pidieron a la Justicia de Mendoza y al comité de bioética del hospital pediátrico que autoricen la interrupción de la gestación.
El pedido fue realizado el viernes ante el juez de Familia Germán Ferrer, quien en 2006 autorizó el aborto terapéutico a una joven con discapacidad mental que había sido violada, y ante el comité de bioética del hospital Humberto Notti, donde la niña se encuentra internada.
La niña fue víctima de abuso sexual el 29 de agosto, cuando emprendía el camino de regreso del colegio hasta su casa, en el departamento Maipú. De acuerdo a la denuncia que presentó la familia, ese día la niña fue sorprendida por un hombre encapuchado que la llevó hasta un descampado y abusó de ella.
La niña no reveló el episodio porque su atacante la había amenazado, mientras días después la madre la llevó a una consulta médica donde se constató el embarazo.
El ministro de Salud de la provincia, Sergio Saracco, dijo hoy a radio Nihuil que es necesario "evaluar bien el caso y conocer cuál es su condición psicofísica para ver si entra en lo que dicta la ley".
"Nosotros no podemos realizar ningún procedimiento", aclaró el funcionario, al resaltar que la decisión sobre un posible aborto terapéutico la tomarán la justicia y los médicos que atienden el caso. Saracco se manifestó en defensa de la vida del niño nacido y por nacer, pero admitió no tener "información específica de cuál es la situación de la menor de edad".
"La ley es bien clara, indica que cuando hay riesgo de vida o en el caso de violación, cuando es débil mental o hay alguna afección de ese tipo. Si no está encuadrado ahí y la Justicia no lo entiende así, nosotros no podemos realizar ningún procedimiento", insistió.
Fuentes judiciales recordaron que el juez Ferrer se pronunció en agosto de 2006 a favor del aborto terapéutico solicitado por los padres de una joven de 25 años con discapacidad mental que se encontraba embarazada por una violación. Aquella situación generó una gran polémica, al punto que el entonces ministro de Salud nacional, Ginés González García, se pronunció a favor del aborto terapéutico junto a las autoridades provinciales, mientras el arzobispado local expresó sus razones contra la práctica.
Si bien en el caso de la joven con discapacidad estaba contemplado textualmente en el artículo 86 del Código Penal porque afectaba a una mujer con problemas mentales, la presentación por la niña busca que la misma quede amparada en la norma en resguardo de su salud psíquica.
Fuente: DyN