La aprobación de la Ley 26.743 de Identidad de Género no representa el fin a los problemas de la comunidad transexual. Si bien garantiza el “goce a la salud integral”, que implica que toda persona mayor de 18 años pueda acceder a intervenciones quirúrgicas y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo de forma gratuita en cualquier centro médico público, por ahora todo queda en palabras.
Sólo en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y Santa Fe se atiende a pacientes trans para realizar tratamientos de hormonización, implantes mamarios y reasignación de sexo, entre otras prácticas. Esta semana, se conoció que la provincia de Misiones desea sumarse pese a que no existe regulación ni procedimiento específico para contener a la población trans de todo el país.
Según explican las distintas organizaciones LGTB, el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, aún no confirmó cuándo se reglamentará el artículo 11 de la ley, que permite el acceso integral a la atención sanitaria de las personas trans. Su falta de aplicación, por lo tanto, profundiza las desigualdades geográficas y sociales que en la mayor parte del país experimentan mujeres y varones trans ante este derecho consagrado por la ley, pero de difícil ejercicio.
El cuerpo adecuado. Como ejemplo de lo que podría garantizar la ley está la historia de Camila Vagnini, que llegó a Rosario desde Guatimozín, Córdoba, a los 18 años, con el sueño de definir su identidad y estudiar enfermería. A sus 31 años, ya se hizo implantes mamarios, tratamiento de hormonas y reasignación genital sin ningún costo. “Logré el aspecto que deseaba, y quiero que todas puedan contar con acceso a médicos especializados. Antes había maltrato, pero la ley debería aplicarse en todo el país”, sostiene Vagnini. “Necesitaba verme femenina, y tener mamas me ayuda. Luego, con el cambio de genitales materialicé mi subjetividad”, explica. “Muchas se inyectan silicona líquida porque es más económica, pero luego deben drenarlas porque se les gangrenan los músculos”, añade Vagnini.
Cada par de siliconas valen aproximadamente $ 9 mil. Si se calcula que en la población de 7.500 trans hay unas 6 mil chicas que desean implantarse mamas, el Estado invertiría en las operaciones $ 54 millones. En el caso de tratamientos de hormonización, el valor máximo por paciente es de mil pesos mensuales, lo que significaría $ 7,5 millones por mes o $ 90 anuales en el caso de considerar que toda la población trans lo demande. A su vez, se debe tener en cuenta que en el caso de los extranjeros que se nacionalicen gozarán también de estos derechos. Eso podría aumentar la demanda de este tipo de atención.
Igualdad. La historia de Tamara Caravone es distinta a la anterior. Ella decidió pagar 26 mil pesos por sus implantes de mamas, ya que no logró acceder a lo que la ley le garantizaba. “Me operé hace un año en una clínica privada. Hay salas médicas donde si sos trans te dejan esperando y no te atienden. Incluso las que padecen VIH no tienen prioridad en casos de emergencia; las mandan a sus casas sin revisarlas o para peor se burlan de su situación”, dice.
Al respecto, la Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transexuales y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero Argentina presentaron en el Congreso distintas iniciativas para un programa nacional de salud integral trans. El presidente de la Falgbt, Esteban Paulón, dice que “es muy grave que Manzur no reglamente el artículo 11. No entendemos a qué se debe esa negativa”. El médico Claudio Bertone sostiene que “no es un gasto que modificaría las arcas. Hay casos de graves infecciones por prácticas ilegales”, y agrega: “Creo que el freno no es exclusivamente por un tema económico, sino porque generará planteos éticos y morales”.
Una ley que garantiza derechos, pero que aún no se aplica
La maraña de problemas que sufre la comunidad homosexual en el país comenzó a desenredarse hace unos años. Primero, con la consagración del casamiento entre personas de cualquier género. Y luego, el 9 de mayo de 2012, al aprobarse la Ley 26.743 de Identidad de Género, que habilitó el cambio registral de sexo en el documento. En la misma, su artículo 11 garantiza el “derecho al libre desarrollo personal”, que incluye el goce a la salud integral. Esto implica que toda persona mayor de 18 años acceda a intervenciones quirúrgicas totales o parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo a la identidad de género autopercibida, sin necesidad de autorización judicial o administrativa. En el caso de solicitar tratamientos hormonales no será necesario acreditar la voluntad de una intervención quirúrgica de reasignación genital.
Mediante este artículo, el Estado argentino insta a los efectores del sistema de salud –público y privado– a garantizar en forma permanente los derechos que esta ley reconoce, incluyendo todas las prestaciones de salud que sean necesarias en este sentido en el Plan Médico Obligatorio, o aquel que lo reemplace. Pero al no existir una regulación de la misma, aún no se ejecuta en todo el país, lo que obliga a movilizarse a los involucrados hasta los lugares donde sí se cumple la norma.
