La jueza María Romilda Servini de Cubría aceptó investigar la denuncia por la muerte del poeta español Federico García Lorca, presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). La magistrada ahonda desde hace varios años en causas por violaciones de derechos humanos durante el franquismo, principalmente casos de tortura, homicidios y apropiación de niños.
El inicio de la investigación judicial coincide con el 80 aniversario del asesinato del dramaturgo, quien murió fusilado en agosto de 1936, sólo un mes después del comienzo de la Guerra Civil Española.
El informe de presentación ante la magistrada acredita “de manera fehaciente” las circunstancias de la detención y el asesinato de Federico García Lorca, a partir de un documento de la Jefatura Superior de Policía de Granada fechado el 9 de julio de 1965.
Además, el texto mostró por primera vez la versión oficial del régimen franquista sobre la muerte del prosista, donde se señalaba que fue fusilado junto a otra persona. Además, se lo define como “socialista y masón”, a la vez que le atribuye “prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser vox populi”.
Al momento de su detención, el poeta se encontraba en Granada, hasta donde había llegado días antes de Madrid, ciudad en la que residía, explica el documento, que añade que, en el lapso de pocos días, se practicaron dos registros en su domicilio, tras lo cual se refugió en casa de sus amigos, los hermanos Rosales Camacho, falangistas. Allí permaneció hasta su detención, que el documento ubica entre los últimos días de julio y los primeros de agosto de 1936 y que se produjo con una orden procedente del Gobierno Civil.
De acuerdo con la explicación de la ARMH, las fuerzas franquistas condujeron a García Lorca a los calabozos del Gobierno Civil, de donde fue sacado“por fuerzas dependientes del mismo” y llevado junto a otro detenido (de quien circunstancias personales se desconocen) y “fue pasado por las armas”.
A partir de este relato, la entidad -que acudió a la Justicia argentina ante la imposibilidad de juzgar el crimen en España, debido a la ley de amnistía aprobada en 1977- trasladó a la funcionaria judicial la importancia de este caso para la configuración del que considera un “contexto de crímenes contra la humanidad” y que “resulta indispensable” contar con toda la documentación vinculada a este hecho que pueda encontrarse en los archivos del Ministerio del Interior español.
