La fiscal en lo Civil y Comercial de Córdoba Alicia García de Solavagione solicitó revocar un amparo que autorizaba un trasplante de riñón en esa provincia, por sospechas de que se habría tratado de un arreglo comercial con el donante, que no posee lazos familiares con el paciente. Todo comenzó en abril último, cuando el juez de esa provincia Gustavo Massano hizo lugar a un amparo para que un hombre de 67 años recibiera el órgano de parte de un joven de 28, quien es amigo y empleado de su hijo. Según informan medios de esa provincia, el paciente no está en la lista de emergencia y Solavagione sospecha que, a cambio del riñón, se le ofreció al donante una moto y nombrarlo heredero del paciente. La fiscal entiende que existe una “relación laboral de dependencia y subordinación económica” entre el donante del órgano y un familiar directo del receptor, por lo cual pidió investigar. En defensa, la familia respondió que la donación se dio gracias al lazo afectivo con el donante. El juez del caso aceptó el planteo y rechazó la apelación de la fiscal, quien ahora puede presentar un recurso en queja. La ley vigente establece una pena de seis meses a cinco años de prisión a quien “directa o indirectamente diere u ofreciere beneficios de contenido patrimonial o no, a un posible dador o a un tercero, para lograr la obtención de órganos o materiales anatómicos”. Actualmente, estas donaciones sólo pueden producirse por motivos altruistas o para colaborar con investigaciones científicas.
