Algunos de los ocupantes del complejo habitacional del barrio porteño de Flores tomado desde marzo último se retiraban voluntariamente pasadas las 10:50 del predio, mientras que otro grupo de personas permanecía en el interior del lugar.
Fuentes del gobierno de la ciudad dijeron a DyN que las personas que dejaban el complejo habitacional eran aguardadas en colectivos escolares para ser trasladadas a centros de alojamiento transitorio del Estado capitalino.
Antecedentes. En total, 204 departamentos fueron usurpados a principios de marzo. Los okupas exigen ser incorporados en planes de viviendas definitivas pero el gobierno de la Ciudad niega esa posibilidad. Ofrece el pago de subsidios habitacionales.
El 9 de marzo, Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal de Quilmes, dispuso que el predio ocupado ilegalmente fuera desalojado, y multó a la Secretaría de Seguridad de la Nación en 500 pesos diarios por cualquier demora que impida efectivizar la medida.
La medida se enmarcó en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la causa "Mendoza", que en 2008 ordenó la puesta en marcha de un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Para ello, el Gobierno de la Ciudad -a través de la Corporación del Sur- comenzó la construcción de poco más de 200 casas tendientes a recibir a los vecinos desplazados de la costa del Riachuelo.
La decisión del juez Armella se conoció una semana después del cierre de la causa contra manifestantes K por la toma del Parque Indoamericano, donde luego de un violento enfrentamiento entre los manifestantes y la Policía Federal, y del pedido público del jefe de Gobierno Mauricio Macri de que las autoridades nacionales intervengan en el conflicto, se acordó el otorgamiento de créditos y planes que serían financiados tanto por el Gobierno nacional como por el metropolitano.
