Si me detengo en lo ocurrido en la Universidad en estos últimos cuatro años, poco honor se le ha hecho al nombre “Cambiemos”.Ella sigue mostrándose conservadora y poco receptiva a las transformaciones de una realidad tecnológica que cambia a pasos agigantados. Si el objetivo es formar capital humano para el universo laboral de la Cuarta Revolución Industrial, la de la robótica, la inteligencia artificial y la de la cadena de bloques, la Universidad está en falta. Y seguirá así mientras insista en su perfil de corte profesionalista, aquel de formar mayormente profesionales para un mundo laboral que pudo haber sido eficaz en el siglo pasado, pero que ya no lo es más.
A favor. Es cierto que en estos cuatro años hubo cambios favorables. Por ejemplo, la puesta en práctica del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico que permite un tránsito ágil de alumnos entre universidades y carreras sin perder continuidad. Asimismo, un estudio exhaustivo definió áreas de vacancia en la formación de capital humano a nivel regional. Esta es una herramienta de planificación estratégica fundamental para financiar, sin presión clientelar, nuevas carreras que hacen al desarrollo del país. Digamos, se espera que la oferta académica y la apertura de nuevas instituciones deje de lado el amiguismo y el oportunismo. Y aquí es donde deberíamos detenernos de cara al nuevo gobierno. Resulta primordial preguntarse si es necesario abrir nuevas universidades y si así fuese, cómo financiarlas en épocas de restricción presupuestaria.
Desde la restauración democrática de 1983 hasta hoy en día, la población argentina, quien financia vía impuestos casi el 90% del gasto de la Universidad pública, creció en un 50%; de 30 a 45 millones. Mientras tanto, los estudiantes en universidades nacionales lo hicieron en un 200% al pasar de 500 mil a casi 1,5 millones. La Universidad enfrenta una situación similar a lo que ocurre en los sistemas previsionales del mundo, en donde cada vez menos trabajadores activos sostienen a una creciente cantidad de ciudadanos pasivos. Ambas dinámicas, la previsional y la universitaria, presentan similitudes de inviabilidad financiera.
Consecuencia de un fenomenal aumento de la recaudación tributaria luego de la salida de la crisis de 2002, durante el gobierno de los Kirchner se observa un notable aumento del presupuesto universitario, el que pasó de 0,45% del PIB en 2003 al 1,02% en 2015. Independientemente de si el mismo se utilizó de manera eficiente o no, y definitivamente creo que no, fue algo positivo. Sin embargo, la actual posibilidad de seguir aumentando el presupuesto en términos reales es poco probable. La Argentina ha llegado a un límite de presión fiscal y gasto público que hará muy difícil obtener nuevos recurso que financien la Universidad por encima de sus actuales niveles. Y menos aún si creemos en las palabras del nuevo ministro de Economía, Martín Guzmán, aquellas de que “la estrategia de reducción gradual del déficit fiscal primario debería mantenerse”. Esto nos da la pista de que difícilmente la Universidad recibirá más fondos públicos que los actuales. Así, deberá cuestionarse y repensar cómo expandirse y sobre todo, cómo ser más eficiente en la utilización de sus recursos. Para que quede claro: deberá esforzarse en aumentar el número de graduados, una de sus grandes debilidades. El libre ingreso que muchos aplauden es producto de una simple decisión burocrática. El egreso exitoso, lo que realmente deberíamos vitorear, requiere el esfuerzo conjunto del alumno, docentes y de la Universidad toda.
La Argentina suma hoy 131 universidades, 68 públicas, distribuidas en la totalidad de las provincias. El conurbano bonaerense cuenta con 18 instituciones nacionales, suficientes para satisfacer la demanda de los sectores más postergados en cuanto a la formación de capital humano. Mientras tanto, las provincias más pobladas como Santa Fe y Córdoba presentan cinco instituciones públicas cada una. Por otro lado, sumar más instituciones en provincias casi despobladas en relación a su geografía resultaría irracional. Por ejemplo Chubut, provincia con una extensión territorial casi similar a la de Italia, cuenta con tres universidades nacionales, sumadas las subsedes de otras instituciones, para una población de solo 550 mil habitantes. Sin embargo, tiene 34 instituciones terciarias no universitarias, 18 de las cuales son públicas y gratuitas.
Desafío. Ante esta realidad, resultaría innecesario expandir el sector universitario con más instituciones. El desafío, entonces, pasa por imaginar cómo integrar el mundo universitario con el de los institutos terciarios, mirándolos como espacios complementarios y no como fenómenos sustitutos. Pensar que la avanzada pasa por abrir más y más universidades públicas es un error que generalmente habla más sobre promesas electorales que de miradas estratégicas. Por otro lado, el fenómeno de la educación virtual viene ganando lugar, siendo una posibilidad real y más eficiente de acercar el conocimiento a miles de potenciales estudiantes que se encuentran en zonas de baja densidad poblacional. La apertura de nuevas universidades en estos espacios resulta poco lógico en términos de costo-eficiencia. Y si bien existen ciertos prejuicios en cuanto a la efectividad de la modalidad a distancia como estrategia pedagógica, una revisión de la literatura nos lleva a cuestionar dichas afirmaciones.
En definitiva, el país no necesita abrir nuevas universidades, sino contar con más graduados y puntualmente, más en áreas estratégicas con alto retorno social. Asimismo, que ambos sistemas de educación superior, terciario y universitario, se integren, tanto a través de una reforma curricular que los acerque y complemente como a partir del uso de tecnología que aproxime ambos mundos. El objetivo es dar respuesta a poblaciones alejadas de la educación superior. Si lo logramos, daríamos, mediante políticas activas, un primer paso hacia una mayor equidad en el ingreso y a su vez, aumentaríamos el valor productivo del capital humano con el que cuenta el país.
Financiamiento
A partir de la modificación de la Ley de Educación Superior en 2015, la educación universitaria de grado es libre y gratuita, más allá de que fue ésta una cuestión saldada en 1983. En definitiva, no existe posibilidad de financiarla con recursos privados, como ocurre en otros sistemas del mundo. Asimismo, cuestiones culturales no permiten a la Universidad privada ser una opción de salida, como sí ocurre en gran parte de la región. Apenas el 20% de estudiantes cursan en instituciones privadas en contraposición a casi el 50% en promedio en América Latina. Así, las alternativas de financiamiento complementario al público son pocas a la luz de la historia. En definitiva, será necesario aguzar la imaginación dada las restricciones presupuestarias que se han hecho presentes desde 2018 que seguramente seguirán.
*Doctor en Educación. Profesor del Area de Educación en la Escuela de Gobierno, Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).
