Se conmemoraron los 60 años de la Ley 14.557, que profundizó la libertad de enseñanza que marca la Constitución Nacional y que asume, al mismo tiempo, la tradición educativa de la Iglesia Católica Apostólica Romana que, en nuestra Patria y en nuestra América, es fundacional.
La promulgación de la ley significó la superación del monopolio estatal por la libertad de enseñanza. Un hecho creativo. No contra el Estado sino sumando esfuerzos y el aporte de la sociedad civil.
O sea, la riqueza de la diversidad que se anticipó a la sociedad plural que hoy, ya avanzado el siglo XXI, es un valor. Porque implica apertura, inteligencia, innovación, frente a un mundo global, y nos impulsa a mejorar y fortalecer día a día la excelencia académica de nuestras universidades o, mejor dicho en términos ignacianos, a buscar el magis, mejorar nuestras capacidades o aptitudes para servir a los demás, al prójimo.
Fue entonces precisamente, a partir de un conflicto de ideas, en el marco de movilizaciones populares imperantes que expresaban una ruptura ideológica y programática, que 60 años más tarde, hoy confluyen los egresados de universidades privadas y públicas en el mismo ámbito laboral agregando valor al colectivo social y estatal y contribuyendo al bien común de toda la sociedad.
Las universidades privadas han podido aportar desde entonces egresados al medio científico, profesional, a la dirigencia política, al sector público, social y empresarial, a investigaciones y a las aplicaciones tecnológicas; y también en el caso de las universidades católicas han aportado líderes facilitando de este modo un diálogo más profundo entre fe y cultura, al plantear términos de referencia académica y semánticas epistemológicas en común, sin renunciar a la identidad propia de cada perspectiva espiritual.
Logros en hechos. A 60 años quedó demostrado que la Ley 14.557 no fue para la Iglesia Católica, tampoco para un grupo o sector, fue para democratizar la sociedad y permitir el ejercicio de la libertad de enseñar y la libertad de elegir dónde y cómo aprender.
En la década del 50, además de la Universidad del Salvador, de la Universidad Católica Argentina y de la Católica de Córdoba, comienza su actividad académica la Universidad del Museo Social Argentino, por un proyecto de Tomás Amadeo de 1911, con el objeto de estudiar los problemas argentinos y proponer soluciones, utilizando la expresión museo, “edificio o lugar destinado al estudio de las ciencias, las letras humanas y las artes liberales” y en 1959 surge con ímpetu el Instituto Tecnológico de Buenos Aires para el estudio de la ingeniería.
En nuestras provincias, a instancias de Monseñor Aramburú, se funda en Tucumán la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino y en San Juan la Universidad Católica de Cuyo.
Se pueden seguir enunciando, pero son 63 universidades e institutos que fueron creados en el ámbito de la ley, solo quise demostrar el impacto que tuvo en los primeros años la nueva legislación.
Debo confesar que no creo en un conflicto o tensión entre la universidad pública y la universidad privada, sostenerlo es una antigualla fruto de la cosificación ideológica.
Creo en diferentes concepciones o modelos de universidades donde público o privado pueden estar en diferentes paradigmas.
Estamos al común denominador que se ha proyectado a través de los tiempos. Y que con diferentes formas se presenta en la Universidad contemporánea; por ello, si no se busca la verdad, ni no se la transmite, si no se encuentra inmersa en una cultura auténtica y está distanciada del bien común, no estamos ante una Universidad. Será algún instituto público o privado capacitador de idóneos.
*Rector de la Universidad del Salvador (USAL).
Un poco de historia
La plaza del Congreso aparece totalmente ocupada por una muchedumbre conformada por alumnos de escuelas religiosas, sacerdotes, monjas y fieles civiles al grito de “Libre, libre”. Era el 15 de septiembre de 1958, la manifestación reflejaba el clima social de aquella época. Cuatros días después en la misma plaza se escucharon otros cánticos con otros manifestantes, ahora reformistas, estudiantes y docentes de escuelas estatales que gritaban “Laica, laica” refiriéndose a la enseñanza estatal y gratuita. El debate iniciado hacía tres años había llegado a la calle. Ya desde aquel momento existía una grieta en nuestra sociedad. Nada nuevo a lo que vivimos hoy, enfrentamiento en los medios de prensa, en la vía pública y hasta violencia y agresiones físicas.
El conflicto se había iniciado en diciembre de 1955, cuando a través del Decreto 6403 el Ministerio de Educación permitía en su artículo 28 a la iniciativa privada crear universidades libres, autorizándolas a emitir diplomas y títulos habilitantes, pero agregaba: “Siempre que se sometan a las condiciones expuestas por una reglamentación que se dictará oportunamente”. Pasadas las fiestas de fin de año comenzaron las reacciones. Los laicos se identificaron con una cinta violeta, color del símbolo de la reforma universitaria de 1918, y los libres tenían como distintivo una cinta verde, a veces acompañada de una cruz con una V debajo, símbolo de “cristo vence”. La Ley 1420 de 1882 no establecía el total monopolio estatal, dejaba espacio para que el sector privado creara escuelas e instituciones educativas en el ámbito primario y secundario. Para las universidades, la Ley Avellaneda de 1885 establecía que solo el Estado podía otorgar títulos habilitantes para el ejercicio profesional, configurándose una situación monopólica.
¿Por qué peleaban? Los laicos decían que se volvería al “oscurantismo medieval”, que se violaban los principios reformistas del 18, que era un proyecto de las multinacionales para formar cuadros técnicos destinados a reproducir el sistema imperialista. Las consignas eran “FUA, FUA, FUA, la lucha continúa”, “Reforma, laicismo, antimperialismo”.
Los libres aseguraban que el cristianismo tenía un aporte que hacer en materia educativa, que la Iglesia Católica fundó las primeras universidades del país y que se les había quitado la facultad de emitir títulos habilitantes. Se preguntan si no era un buen estímulo para las universidades públicas competir con las privadas. Las consignas de este grupo eran “Chu, chu, chu, que se vayan a Moscú”. Los libres recordaban que el monopolio totalitario de la enseñanza del último gobierno peronista había obligado a la emigración de grandes maestros como Houssay o Braun Menéndez.
Frondizi creó una comisión integrada por Raúl Matera, Aráoz de Lamadrid y el sacerdote Ismael Quiles para estudiar la reglamentación de la ley. Mientras la calle era ganada por los simpatizantes laicos y libres, la verdadera batalla se libraba en el Congreso. El vocero del bloque de la UCRI, Horacio Domingorena, consiguió el voto favorable de los diputados para el proyecto proveniente del Senado. Con la aprobación de las dos cámaras, el 11 de febrero de 1959 Frondizi firmaba la reglamentación de la Ley Domingorena. n
**Rector de la UCA.
