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UNIVERSIDADES / academia y justicia
sábado 18 mayo, 2019

Se presentó el Centro de Estudios contra la Corrupción en la UBA

Lo dirige Carlos Balbín, ex procurador del Tesoro. La inauguración estuvo a cargo de Jorge Fontevecchia, junto a Ricardo Gil Lavedra, autoridades de la UBA y Transparencia Internacional.

por Agustín Carelli

Lanzamiento. Gil Lavedra, ex miembro del Juicio a las Juntas; Ferreira Rubio, de Transparencia; Gebhardt, vicedecano de Derecho; Balbín; y Fontevecchia, cofundador de Perfil. Foto: Juan Obregon
sábado 18 mayo, 2019

El Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fue el escenario donde se llevó a cabo este martes el lanzamiento del Centro de Estudios sobre la Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Dicha entidad será conducida por el ex procurador del Tesoro y juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carlos Balbín.

El evento comenzó con la presentación a cargo de los expositores invitados y algunos miembros del Consejo Asesor del nuevo Centro de Estudios. Además de Balbín, se hicieron presentes el cofundador de Editorial Perfil y CEO de Perfil Network, Jorge Fontevecchia; el vicedecano y profesor titular de la Facultad de Derecho de la UBA, Marcelo Gebhardt; la ex presidenta de Transparencia Internacional Delia Ferreira Rubio, y el ex miembro del histórico tribunal del Juicio a las Juntas Ricardo Gil Lavedra.

Frente a un auditorio repleto, el primero en tomar la palabra fue Gebhardt, quien explicó el compromiso que la UBA mantiene con respecto a estudiar “la generalizada falta de transparencia de la gestión estatal que se propaga a los ámbitos privados y consecuentemente la proliferación de la corrupción”. De esta manera, el vicedecano advirtió la necesidad de crear un espacio donde se puedan elaborar soluciones técnicas a cuestiones relacionadas a la corrupción.

“Lo que el nuevo centro significa es que la universidad no se distrae ante estos fenómenos que eligen generar grandes vallas para el desarrollo económico de la región, y en especial la nuestra, generando uno de los motivos principales que determinan el mayor grado de pobreza y marginación”, comentó Gebhardt.  

En este sentido, Balbín detalló que la función de la entidad a su cargo será “construir un modelo regulatorio más transparente e igualitario”. Para lograr este objetivo, según Balbín, hay que poner el foco en el acceso a la información pública, la regulación de los conflictos de intereses, la redefinición de los órganos de control, el régimen de extinción de dominio, las contrataciones estatales y la responsabilidad penal de las empresas.

Asimismo, el ex procurador del Tesoro describió que “el punto más crítico de la corrupción es que se transforma en desigualdad”. Por eso, Balbín señaló como un punto de interés “estudiar la raíz de la corrupción, que lleva a pensar en el rechazo de nuestra sociedad a las reglas, por lo que es necesario crear institucionalidad. Es decir, crear reglas, órganos, prácticas y culturas, básicamente”.  

En esta línea, afirmó que el rol de “la universidad pública debe ser el de comprometerse con los problemas sociales. No es posible que no se hable de corrupción ni de pobreza dentro de las casas de altos estudios”, indicó.

A su turno, Fontevecchia analizó la relación entre la Justicia y el periodismo a partir de un encuentro que mantuvo con el juez de Brasil Sérgio Moro. “Moro me explicó que la clave para el avance del Lava Jato fue el periodismo, porque sin la opinión pública a favor la causa no hubiese prosperado. Por eso, la corrupción no se soluciona solo con la Justicia, sino que es un problema cultural, interdisciplinario y es imprescindible construir una narración que haga partícipe a toda la sociedad”, advirtió.

El cofundador de Editorial Perfil también destacó en relación con el sistema democrático que “la corrupción ataca la libertad de prensa”. Y enfatizó: “Sin libertad de expresión, se ataca a la Justicia y así se hace imposible una verdadera democracia como la conocemos en Occidente, con su división de poderes. Por eso me parece central el rol del Centro de Estudios”.

“Más información, más integridad, menos impunidad y menos indiferencia es la fórmula para mejorar en materia de transparencia y corrupción”, afirmó Ferreira Rubio. Además, agregó que según el Indice de Percepción de Corrupción que publicó este año Transparencia Internacional, Argentina sacó 40 puntos sobre 100. Para este indicador, el país se ubica en el puesto 85 sobre 180 países.

La presidenta de Transparencia Internacional reveló que “los argentinos ubican la corrupción entre el segundo y el quinto puesto entre los problemas que la gente prioriza”. No obstante, advirtió: “Los ciudadanos tenemos mucho que hacer. Porque si seguimos tolerando la corrupción y nos mantenemos indiferentes, la señal que mandamos a los actores políticos y económicos es absolutamente nefasta. Es el incentivo para que sigan comportándose de la manera en que lo han venido haciendo”.

Mientras que, para Gil Lavedra, “hay elementos que llevan a tener esperanzas en el avance de esta lucha, como es la ley del arrepentido o la ley de la recuperación de activos. Por eso deseo que desde el Centro de Estudios se pueda realizar algún aporte útil para las políticas que tiene que hacer el Estado argentino para que podamos vivir en un país mejor”, indicó.

La entidad contará con un consejo asesor del que, además de Gil Lavedra y Ferreira Rubio, forman parte el ex titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) Leandro Despouy; la diputada nacional por la Ciudad Paula Oliveto; el profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo (UP), Roberto Saba; el director nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Böhmer, y la prosecretaria de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, Natalia Volosin.

Para cerrar, en el marco de las actividades del centro, Balbín destacó la realización de cursos abiertos y gratuitos, investigaciones académicas, la organización de jornadas y foros de debate y la formulación de propuestas constructivas concretas sobre aspectos centrales como ética pública, extinción de dominio y ejecución de políticas de transparencia.


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