La Cámara del Crimen porteña dispuso hoy la detención de la ex plana mayor de la comisaría 49a.de la Policía Federal, procesada por "asociación ilícita" tras ser acusada de cobrar por laseguridad de comercios, proteger a ladrones de pequeños objetos en locales y exigir dinero parapermitir la venta ambulante y el servicio de estacionamiento.
La medida fue dictada por la Sala VI de la Cámara, que procesó a nueve integrantes de lacomisaría del barrio porteño de Saavedra (hoy en disponibilidad) y ordenó la "prisión preventiva"de todos ellos, entre quienes se encuentra el ex comisario. Siete de los nueve uniformadosinvolucrados se presentaron esta tarde con sus respectivos abogados en la Superintendencia deAsuntos Internos, según informó a DyN la oficina de Prensa de la Policía Federal.
Los imputados "quedaron a disposición del juzgado interviniente", indicaron fuentespoliciales, quienes agregaron que se esperaba de un momento a otro similar actitud de los dosuniformados restantes. La investigación se originó en la denuncia realizada por dos policías de lapropia comisaría, quienes expusieron los hechos que ocurrían en la seccional y con los que estabanen desacuerdo.
Las órdenes de detención comprenden al comisario José Antonio Carranza, a los subcomisariosFernando Echagüe y Horacio Ponce, al sargento Luis Alberto González, al sargento retirado JorgeAndrés Altuna, al subinspector Gabriel Bellusci, al cabo primero Cristian Ochoa, al suboficialescribiente Carlos Alberto Marcos y al subinspector Cristian Pavón.
Todos están imputados por los delitos de "asociación ilícita, cohecho y defraudación a laadministración pública", figuras que contemplan penas máximas de hasta diez años de cárcel. Fuentesallegadas al caso dijeron que se esperaba que los acusados "se ajustaran a derecho", o sea que sepusieran a disposición de la Justicia, y advirtieron que en caso contrario, de ordenarse el uso dela fuerza pública, podrían ser arrestados por la Gendarmería. Tampoco se descartaba que losabogados de los implicados presentaran recursos para tratar de evitar, al menos momentáneamente, laconcreción de la medida.
La Cámara, integrada por los jueces Alberto Seijas, Carlos González y Marcelo Lucini, hizo lugara las apelaciones que había formulado el fiscal José María Campagnoli, tras una prolijainvestigación basada, entre otras pruebas, en cientos de horas de escuchas telefónicas.
Así, pudieron englobarse los distintos hechos bajo la denominación de "quintas", la protecciónpolicial brindada a comercios a cambio de una paga que no ingresaba a las arcas de la PolicíaFederal sino a la de los propios policías, y "habilitaciones", permisos para instalar puestoscallejeros de ventas por fuera de las autorizaciones municipales a cambio de un canon que percibíanlos uniformados.
Entre las "habilitaciones" figuran el cobro de dinero "para autorizar a los taxistas a detenerseen la parada sita en el acceso al shopping Dot Baires" y el pago de dinero por parte departiculares "a cambio de permitirles cobrar estacionamiento a vehículos en un predio cercado enlas inmediaciones" del mismo shopping.
Bajo la denominación "cortes de boleto", los jueces englobaron la protección que en al menos uncaso recibió una "mechera" (mujer que hurta pequeños objetos de comercios) por parte de la policía.Así, consta en la causa la "liberación de zona y protección policial" que habría hecho una mechera"previo a concurrir al shopping Dot Baires", quien pactó con un policía "que si era descubiertaéste evitaría que la detuvieran para cuya eventualidad el aludido efectivamente se constituyó endicho centro comercial".
"A cambio de esa protección la referida habría entregado unos lentes ahumados que habíasustraído para el comisario Carranza, previo a preguntarle acerca de los gustos de su jefe conrelación a ese producto", explica la resolución. Finalmente, la resolución identifica las "paradasfantasma", una maniobra que consistía "en asentar en los registros de la seccional la prestación deun servicio de vigilancia general en un punto específico de su radio de acción bajo la modalidad de'servicio prevencional', cuando en realidad ello no era así porque el personal en concreto estabaasignado a otras tareas".
Los camaristas sostuvieron, al ordenar las detenciones, que "la libertad de los imputadosentorpece el curso de la investigación, comprometiendo la averiguación de la verdad, por lo que laimposición de esa medida cautelar resulta necesaria". Las detenciones quedaron a cargo del juez deprimera instancia Carlos Bruniard, revelaron las fuentes.
Fuente: DYN
