La Justicia investiga los motivos por los cuales dos empresas cercanas al kirchnerismo como Electroingeniería, de Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta y CPC, de Cristóbal López, consiguieron ser preadjudicatariasde una obra de 1.560 millones de dólares en la construcción de la central hidroeléctrica Chihuido I, de la provincia deNeuquén.
El juez federal Ariel Lijo libró "ordenes de presentación" (una orden similar a la deallanamiento) para que tanto el Ministerio de Planificación que preside Julio De Vido, las empresas beneficiadas y la provincia entreguen documentaciónsobre este trámite, publicó hoy el diario Clarín.
En la cartera que conduce De Vido se requirió documentación sobre el proceso licitario ysobre el encargado del control del mismo, mientras que en Neuquén se solicitó que se informe laconstitución de una serie de empresas que componen la Unión Transitoria de Empresas (UTE), que se quedaron con una preadjudicación millonaria.
Ni el magistrado ni el fiscal Eduardo Taiano identificaron a los imputados en la investigación que nació con una denuncia presentada por dirigentes de laCoalición Cívica en la que se remarcaba que "existió un direccionamiento para que seanbeneficiadas las empresas pertenecientes a Ferreyra y López, en atención a que los argumentosesgrimidos para la preadjudicación en base a un supuesto criterio utilizado para evaluar laspropuestas económicas de las distintas empresas presentadas, a nuestro entender resultan totalmente inequitativas, ilegales y violatorias de laigualdad y competencia que debe prevalecer en una compulsa de precios".
Entre los pedidos de Lijo se cuentan, también, las solicitudes a la Sindicatura General de laNación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) para que entregue informes sobre la licitación en Chihuido.
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