Antes de tomarse unos días de licencia, el juez Federal Julián Ercolini dio el visto bueno paraque el fiscal Gerardo Pollicita avance en la recolección de nuevas medidas de prueba en la megacausa por presunta asociación ilícita que involucra almatrimonio presidencial, funcionarios de la mesa chica, y grupo de empresarios queaumentaron considerablemente sus arcas desde que Néstor Kirchner llegó al poder en 2003, segúnconsta en la denuncia de Elisa Carrió.
Los investigadores del caso tienen varias líneas de exploración, una de ellas es la pista venezolana. En esa senda, la lupa está puesta sobre el ministro dePlanificación Federal, Julio De Vido y ClaudioUberti, el ex director del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) y principalinvolucrado en el cajoneado caso de los 800 mil dólares que intentó ingresar ilegalmente al país elenigmático empresario venezolano Antonini Wilson.
En ese marco, la Justicia solicitó a la Administración Federal de Ingresos públicos (AFIP) ellistado de todas las empresas que exportaron productos a Venezuela desde 2003 a la fecha. Tambiénse requirió al Ministerio de Exterior y al Ministerio de Planificación los detalles de todos losconvenios que firmó Argentina con Venezuela, las normas de los fideicomisos en las que participanambos países, y que se especifique cuál es sistema de selección que utiliza el Estado argentino ala hora de bendecir a las empresas que participan en los lucrativos negocios con la naciónbolivariana.
