Cuando la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) condena la avanzadavenezolana de establecer los llamados "delitos mediáticos" para regular la libertad de expresión,proyecto que el presidente Hugo Chávez ha llamado "revolucionario" para "terminar de demoler lasviejas estructuras del Estado burgués", está abriendo un necesario y gran paraguas para cubrirfuturas complicaciones para la prensa en la Argentina.
Mucho más cuando hoy en Venezuela se asistió al bochorno de una invasión armada de chavistasultras, deseosos de dar un correctivo a Globovisión, un canal que viene denunciando hostigamientosadministrativos, tributarios e investigaciones contra sus directivos para que suavice su líneaeditorial.
Según éstos, la escalada gubernamental, que el gobierno bolivariano tilda de "campañamediática emprendida por la ultraderecha", ha tenido como ejecutora principal a una conspícuapartidaria de Chávez, la señora Lina Ron, quien encabezó otros asaltos a la sede del canal opositoren el pasado.
La semana anterior había sido el turno del cierre de 34 emisoras de radio, de un total de 240que el gobierno de Venezuela ha decretado que no reúnen los requisitos legales para seguiroperando. ¿Por qué asimilar la situación en ese país a lo que pueda ocurrir en la Argentina? SegúnADEPA, porque el avance de Chávez se está dando "dentro del triste camino de deterioro de laslibertades públicas que viene registrando Venezuela, cuya sombra se cierne sobre toda Américalatina".
Para los editores de diarios, que han tildado al modelo venezolano de medios de "autoritario",esta política del chavismo ha buscado "el ahogo de toda voz distinta de la oficial, la persecuciónde medios y periodistas independientes y la conculcación de las libertades de pensamiento, opinióne información".
Si bien el acercamiento estratégico de la Argentina con el gobierno de Chávez se ha convertidoen los últimos tiempos en distanciamiento en temas financieros y en enfriamiento en cuestionescomerciales, las dos querellas que han llevado adelante aquí la secretaría de Informaciones contralos directivos responsables del diario "La Nación" sólo por el presunto delito de opinar en notaseditoriales, parecen tener el mismo patrón ideológico de Venezuela, lugar donde no se tolera lacrítica como fundamento núcleo de la independencia periodística.
De allí, que no haya sido ocioso el intento de ADEPA de curarse en salud, sobre todo cuando seintenta, como en este caso, "criminalizar el ejercicio del periodismo". O cuando se trata deevitar, tal como alertaron los editores, que el clima "autoritario y hostil" se despliegue enproyectos "cuya inspiración apunte a la concentración informativa en manos del poder político deturno", en referencia directa al paquete de señales televisivas estatales que se pretende lanzar enla Argentina.
(*) Agencia DYN
