Una de las contradicciones más flagrantes en las que incurre el Gobierno es que bajo lainvocación de una mayor presencia del Estado, deslegitima permanentemente su intervención. Hoy,existe en todo el mundo un consenso bastante extendido acerca de la necesidad de que el Estadocumpla un importante rol regulador. Si alguien tuviera alguna duda, el escándalo que ha estalladoalrededor de la "mafia de los medicamentos" prueba la necesidad de contar con un estado eficiente,que cumpla con su rol fiscalizador. Lamentablemente, pese al uso generoso de la retórica, en laArgentina se marcha en la dirección contraria.
La primera evidencia del descuido por lo público estatal se verifica en el incrementogeométrico de las prácticas clientelares. No existe método más efectivo para desprestigiar el roldel Estado que perforarlo y degradarlo con la incorporación de miles de funcionarios improvisados,designados en mérito a su militancia política.
Por otra parte, la incorporación de negocios privados, fracasados por el sobredimensionamientode personal improductivo, como en el caso de Aerolíneas Argentinas, equivale a endosarle al Estadonuevas redes clientelares.
En el caso de la "estatización" del fútbol, el fenómeno alcanza dimensiones fellinianas (por elFellini de "Amarcord"), puesto que se ha incorporado a los presupuestos del Estado la alimentaciónde un negocio seudo-mafioso, con barras bravas incluidas.
La decisión política de acabar con "el secuestro de los goles" es reveladora de la miopía eimprevisión con que se adoptan las iniciativas gubernamentales. Influye el hecho de que estamosante resoluciones personalistas, que se adoptan en ámbitos muy reducidos, sin exponerlas a undebate entre especialistas y guiadas por el indisimulado motivo de castigar a un multimediosidentificado como "enemigo".
El problema consiste en que los caprichos presidenciales o para ser más exactos, del consortepresidencial, quedan luego como pesadas herencias en los presupuestos del Estado.
Es bueno tomar como ejemplo de contraste el modo en que España ha regulado las transmisionesaudiovisuales de eventos deportivos de especial relevancia, sin arriesgar un solo euro de lospresupuestos del Estado, para demostrar que bastaba una normativa inteligente para alcanzar losmismos objetivos con los que se ha justificado la estatización del negocio del fútbol en laArgentina.
En España, todos los acontecimientos deportivos que sean declarados de interés general porun plural Consejo para la Emisiones Deportivas, deben transmitirse en directo en emisión abiertapara todo el territorio del Estado y concederse a las cadenas que transmiten sin codificar, paraque dichos acontecimientos sean accesibles a la población.
La ley española ha establecido como obligación lo que venía siendo una práctica aceptada por losclubes de retransmitir cada sábado o domingo, en emisión abierta, el partido de fútbol de primeradivisión de mayor interés deportivo dentro de cada jornada, elegido libremente por losoperadores.
En relación con los goles, se recoge el derecho a la información deportiva, concediendo lalibertad de acceso de los medios de comunicación social a los estadios y recintos deportivos, sincontraprestación económica alguna, para facilitar la emisión de hasta tres minutos de noticias oimágenes en telediarios o espacios informativos, por competición. De este modo, los españolespueden ver los goles al final de cada jornada sin que los presupuestos del Estado se vean afectadosen lo más mínimo.
Otro ejemplo de miopía estatal lo ofrece la reciente sanción en Diputados del anteproyecto deley de servicios audiovisuales, que omite regular la denominada "pauta oficial", es decir el pagoque se hace por la publicidad oficial.
Como es sabido, el reparto de ese tipo de publicidad de modo arbitrario, premiando a los mediosamigos y restándosela a los medios considerados "opositores" es un recurso abusivo más que habitualdel gobierno nacional y algunos gobiernos provinciales.
Hay diarios de muy poca circulación que reciben cuantiosas subvenciones oficiales, que noguardan la menor relación con las ediciones que vende. Un problema similar se produce con lapublicidad electoral de los partidos políticos. La Ley que los rige ha intentado regular, sinéxito, los gastos de los partidos en las campañas para evitar que algunos de ellos reciban el apoyoeconómico de grandes grupos corporativos que puedan luego reclamar "retornos" en forma deprivilegios en adjudicaciones de obras públicas o en la recepción de subvenciones.
Todas estas situaciones, que dan lugar al manejo arbitrario de los recursos del poder estatal ocorporativo, podrían ser perfectamente solventadas con una legislación que regulara los derechosinformativos de modo similar a los eventos deportivos relevantes en España.
Bastaría establecer, entonces, la obligación de los medios de insertar la publicidad oficialcomo fruto de una carga pública, sin contraprestación alguna y fijando los segundos por día en queradios y televisiones ofrecerán este servicio, para de este modo evitar que los presupuestos delEstado sean dirigidos de un modo selectivo.
Naturalmente, habría que establecer también algunas limitaciones a la pauta oficial. No deberíantener acogida fenómenos como el de Chávez en Venezuela, que obligó a retransmitir en cadenanacional a todo el país, el festejo de su 50 cumpleaños.
(*) Agencia DYN
