El fallo del juez Gustavo Pimentel, que el último miércoles ordenó a los asambleístas de Gualeguaychúliberar el corte en el puente que une esa localidad con la uruguaya Fray Bentos, amenaza conderivar en nuevas polémicas: las personas apostadas en el lugar amenazaron con denunciar alGobierno nacional por sus viejas adhesiones a la causa.
Los asambleístas señalaron, en este marco, que si son denunciados por la Justicia (comoadvirtió el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández) apuntarán contra funcionarios del Ejecutivo por serpartícipes necesarios de los 18 delitos penalesque les atribuyen.
"De haber algún tipo de delito, los propios funcionarios nacionales serían partícipesnecesarios, lo que demuestra lo ridículo de este planteo", escribieron los asambleístas en unacarta que fue entregada al intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, que se sumó a la causa aduciendo que sus "vecinos no son delincuentes,persiguen fines nobles".
El argumento de los ambientalistas está claro: basar su defensa no sólo en el apoyo que elgobierno del ex presidente Néstor Kirchner brindó en el pasado si no, además, por la "asistenciaeconómica indirecta", que prestó publicó esta mañana el diario La Nación.
El abogado Osvaldo Fernández dijo a una emisora local que "iremos desarrollando las estrategiasdefensivas, pero también va a haber imputaciones hacia quienes son responsables de llevar al ámbitojudicial un conflicto ambiental que, en realidad, está en manos de los presidentes resolverlo". Enmayo de 2006, el entonces presidente Kirchner copó el córsodromo de la ciudad para tomar la luchacomo una causa nacional.
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