Legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron un proyecto de resolución para que laCámara de Diputados interpele al jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Buscan impulsar una "moción decensura", que serviría de paso previo a la eventual remoción del funcionario, a causa de lasacusaciones de intervenir en el poder judicial.
La idea del radicalismo ya logró la adhesión de los principales bloques de la oposición, tanto en elperonismo disidente y la Coalición Cívica (CC), como en sectores de la centroizquierda.
La ofensiva contra Aníbal Fernández se debe a su decisión de no cumplir una orden judicial por considerarla "inconstitucional". El juez José Sudera había ordenado allanar la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA). Enese gremio, la lista opositora lista Celeste intentaba ganarle la conducción a la lista Verde, queresponde a la embajadora en Venezuela, la kirchnerista Alicia Castro. La justicia laboral consideróganadora de las elecciones a la lista Celeste y Sudera intentó hacer cumplir ese criterio, pero elJefe de Gabinete ordenó impedirlo.
"No podemos aceptar un avasallamiento al Poder Judicial en forma tan descarada",explicó el autor del proyecto, el diputado radical por Jujuy Miguel Angel Giubergia. En diálogo conel diario La Nación, el legislador agregó: "Por eso decidimos recurrir a un mecanismoconstitucional para que el ministro dé explicaciones en el recinto y para pedirle al PoderEjecutivo su remoción".
"Si Aníbal Fernández es abogado, como dice ser, sabrá perfectamente la gravedad de sudecisión y tendrá que hacerse cargo de las consecuencias por haber actuado de esa manera",comentó Felipe Solá, jefe del bloque del Peronismo Federal. Por su parte, el líder de los diputadosdel PRO, Federico Pinedo, aseguró: "Vamos a acompañar la moción de censura. La desobedienciaa la orden judicial significa una ruptura inaceptable en la división de poderes".
La moción de censura es un mecanismo parlamentario, que fue introducido en la Constitución enla reforma de 1994. Cualquiera de las dos cámaras del Congreso puede aprobarla con el voto de lamayoría absoluta (la mitad más uno del total de legisladores). Sin embargo, para remover al jefe de Gabinete, o a cualquier otro funcionario del Poder Ejecutivo, serequiere la mayoría absoluta en ambas cámaras. Hasta ahora, el proceso nunca se realizó enArgentina.
"Hay que avanzar paso a paso y con serenidad hacia el juicio político del jefe de Gabinete.La desobediencia al fallo judicial es una de las causales, pero no es la única", sostuvo a La Nación Elisa Carrió, jefa del bloque de la CC, y aclaró que el proceso deberá esperarhasta marzo, por el receso legislativo.
Por su parte, los legisladores de centroizquierda opositores al kirchnerismo -el llamado"grupo de los once"- también podría apoyar la iniciativa, según informó el diputado EduardoMacaluse, aunque anticipó que deberá debatirlo con sus compañeros de bloque. "Para nosotros, lalibertad sindical es un tema clave. Desobedecer una orden judicial es poner al Ministerio deTrabajo por encima de la Justicia", dijo al matutino.
El delito de desobediencia, según comentó a la prensa el juez Fayt, puede ser penado con entre15 días y un año de cárcel. Aunque evitó pronunciarse directamente sobre la actitud de AníbalFernández a quien calificó como "piloto de tormentas".
No es el único problema que Aníbal Fernández -y el Gobierno- tienen con laJusticia. La jueza de la Corte Suprema, Carmen Argibay, cuestionó ayer al Jefe de Gabinete pordesconocer el fallo de la Corte que ordenó reincorporar a Eduardo Sosa, ex Procurador General de Santa Cruz, despedido en 1994 por el entonces gobernador NéstorKirchner.
"Todavía estamos esperando", dijo Argibay en referencia al caso de Sosa. "Si hay órdenes de los jueces hay que cumplirlas y, si no, hayque discutirlas pero en el lugar donde se debe, que es en los expedientes, en los juicios", agrególa magistrada, quien concluyó: "Si suprimimos la Justicia volvemos a la ley de la selva, cada cual hace justicia por manopropia".
