Los diputados nacioonales Elisa Carrió y Fernando Sánchez (Coalición Cívica - ARI) presentaron hoy una denuncia penal ante la Justicia Federal contra el exministro de Economía Axel Kicillof y el extitular de la ANSES Diego Bossio, junto a otros exfuncionarios kirchneristas, por supuesta administración fraudulenta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
La presentación, que también firma la exlegisladora Fernanda Reyes (también de la CC-ARI) abarca movimientos de fondos del período entre 2010 y 2015. Además de Bossio y Kicillof, se acusa a los exministros del Palacio de Hacienda, Hernán Lorenzino y Roberto Feletti, y a los exintegrantes del Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad Santiago López Alfaro, Adrián Cosentino, Juan Carlos Pessoa, Pablo Julio López y Emmanuel Antonio Álvarez Agis.
“Esta arbitrariedad ya había sido observada en el manejo de los plazos fijos respecto a años anteriores, algo cuestionable en términos políticos y administrativos”, agregan Carrió, Sánchez y Reyes en la presentación judicial. "Esta maniobra implica que se ha generado un costo de oportunidad al FGS, en el segundo semestre del 2015, de aproximadamente 280 millones de pesos, si se toma en cuenta la tasa de referencia de instrumentos de corto plazo en los cuales estas disponibilidades podrían haber sido invertidas. Mientras que se estima que se perdieron alrededor de 1.000 millones de dólares entre 2010-2015 tomando en cuenta todas las disponibilidades en diversas cuentas a la vista", plantean.
Los dirigentes de la CC-ARI afirmaron que "para mayor claridad, la cuenta corriente del Banco Macro mantuvo entre enero de 2012 hasta el primer semestre del 2015 un saldo promedio de 780 millones de pesos sin grandes alteraciones (lo cual insistimos que ya era en sí una decisión muy cuestionable)". "A partir del segundo semestre se triplicó este promedio con un pico máximo en noviembre del 2015 casi cinco veces superior al de años anteriores (3.764 millones de pesos)”, sostienen
“Esta maniobra tuvo como consecuencia que el Banco Macro se vio favorecido en su operación habitual por el mismo monto en que se vio perjudicado el FGS y en consecuencias los jubilados, por lo que es importante que se investigue la connivencia entre las autoridades del Banco y los funcionarios públicos”, plantean Carrió, Sánchez y Reyes. “Si algo acaso faltase para confirmar la maniobra delictiva que aquí venimos a denunciar es que con el cambio de gestión los niveles de disponibilidad se redujeron sin perder liquidez desde el año 2016”, concluyen.
