SRA. GRACIELA FERNÁNDEZ MEIJIDE:
Le escribo esta carta pública a la madre de un detenido–desaparecido y a la integrante pormuchos años del Movimiento de Derechos Humanos. Lo hago no como Secretario de Derechos Humanos dela Nación, sino como compañero de las luchas antidictatoriales. Por esta razón rompo mi norma deconducta de no polemizar entorno a un tema tan grave e inconmensurable como son las consecuenciasdel genocidio sufrido.
La opinión pública está acostumbrada a esfuerzos por disminuir la dimensión de la tragediaargentina, normalmente en boca de epígonos del terrorismo de Estado como Mariano Grondona o CeciliaPando. De igual modo escuchamos cada tanto voces negacionistas del Holocausto que sostienen que nofueron seis millones los judíos inmolados por el nazismo, sino un número inferior como si laaberración criminal fuera una cuestión aritmética.
Distinto es su caso porque por historia usted no integra los cuadros de la barbarie.
Bastaría ver el regocijo que sus declaraciones han producido en quienes justifican el obrar delterrorismo de Estado para advertir las consecuencias enormemente graves de sus dichos que parten deun error esencial: el creer que existe algún registro fehaciente de la dimensión del crimen masivode lesa humanidad perpetrado por las Fuerzas Armadas argentinas y sus socios civiles.
El único registro fehaciente de la cantidad de víctimas asesinadas, su identidad y destino finalsolo está en poder de los asesinos. De aquellos que mientras pregonan que su accionar fue“justo y en defensa de la patria” ocultan todo dato, sabiendo que su proceder fueabiertamente criminal.
Bien sabe usted que no hay un censo nacional completo sobre el número de víctimas y que éste esirremisiblemente aproximativo.
Usted como integrante de la CONADEP conoce el enorme esfuerzo que durante el lapso de los sóloocho meses de vida de la Comisión se realizó para receptar testimonios de familiares de víctimasque accedieron a convertir en denuncia su dolor. Era el comienzo de la recuperación de lademocracia, con los asesinos caminando por las calles y en libertad.
Concluido el trabajo de la CONADEP y finalmente depositado el fondo documental en la entoncesSubsecretaría de Derechos Humanos, algunos familiares continuaron haciendo sus denuncias aunque yano estaba la motivación de expresarse ante la Comisión. La euforia que precedió al juicio de los exComandantes dio paso a la decepción más absoluta con el dictado de las leyes de Obediencia Debida yPunto Final y los posteriores indultos que aseguraron la impunidad de los criminales por más de 20años.
¿Tenía acaso sentido que los familiares de los detenidos –desaparecidos que no habíanhecho su denuncia ante la CONADEP concurrieran a seguir haciéndolo ante un Estado que protegía alos criminales? Cuando 20 años después las leyes de la impunidad fueron derogadas y declaradasinconstitucionales, ya era tarde. Muchos de los padres de las víctimas habían fallecido o laresignación ante lo inevitable había mermado sus fuerzas para hacer su denuncia.
A ello se suma que en alguna zona del país, aún en democracia, parte de los peores represorescontinuaron teniendo poder: como Bussi institucionalmente en Tucumán o Benjamín Menéndezfácticamente en Córdoba, prolongando la cadena de temor. En otras provincias como Chaco, Misiones oSalta donde poblaciones campesinas fueron víctimas del terrorismo de Estado, su condición demarginados sociales no favoreció su acceso a la Justicia.
Recién a partir del año 2004 con el fin de la impunidad, al amparo de las políticas públicas deMemoria, Verdad y Justicia, se incrementó el cotidiano goteo de nuevas denuncias que sigue hasta elpresente.
En consecuencia tomar los registros parciales de la CONADEP y los posteriores a la Secretaría deDerechos Humanos como registros totales, es tan falaz y mentiroso como reducir el número dedesaparecidos a la cantidad de restos óseos localizados, que apenas superan el número de 1000.
Lo dicho vale para explicar la parcialidad de la identificación lograda hasta el presente através de las denuncias de los familiares. Tampoco ha servido la cuantificación de los familiarespresentados, reclamando el beneficio de las leyes reparatorias, puesto que no todos losdesaparecidos dejaron herederos forzosos y que parte de aquellos familiares rechazaron reclamar laindemnización hasta que no se supieran quienes fueron los autores del crímen y fueran condenados ylos restos de su familiar fuera hallado.
Lo dicho explica porque las cifras que usted utiliza son parciales y que por otra parte jamásfueron ocultados, puesto que usted las halló en la información on line del Estado argentino y obrantambién en la última edición del Nunca Más.
Concluido este aspecto cabe adentrarse en el número de 30.000 detenidos–desaparecidosconvertido en consigna permanente no sólo del Movimiento de Derechos Humanos sino de vastossectores sociales. La cifra no es arbitraria y es el producto de diversas variables:
a) La cantidad de sitios clandestinos de detención y exterminio, en todo el país, que superan elnúmero de 500.
b) Las estimaciones sobre el número de prisioneros que hubo en los grandes centros de detencióny exterminios como la ESMA, Campo de Mayo, La Perla, el Batallón de Tucumán, el Circuito Camps, ElOlimpo, El Atlético, etc., ya que ellos solos superan con creces el número actual registrado en laCONADEP y la Secretaría de Derechos Humanos.
c) La estimación en torno al número proporcional de Habeas Corpus presentados en el país.
d) El número de integrantes de las estructuras militares afectadas a la represión ilegal durantetodo el periodo dictatorial que superan los 150 mil hombres, activos a la caza de sus víctimas.
e) Los propios dichos de los militares previo al golpe de Estado, de que sus relevamientosefectuados con anterioridad, desde las escuelas hasta las fábricas, que indicaban en más de 30.000las personas a eliminar (ver por ejemplo los dichos de un militar en la carta del escritor HaroldoConti desaparecido el 5 de mayo de 1976, escrita previa al golpe y dirigida a Roberto FernándezRetamar de fecha 02 de enero de 1976).
f) Los informes de la Embajada Norteamericana al Departamento de Estado, haciendo constar que enel año 1978 los jefes de la dictadura argentina informaron a la DINA chilena que las víctimasalcanzaban ya el número de 22.000. Debe recordarse que la dictadura continuó en su labor represivailegal de secuestros y asesinatos por cinco años más con posterioridad a ese informe y que aquellacifra de 22.000 correspondía a solo los dos primeros años de la dictadura.
Todo ello hace que la cifra de 30.000 no sea ni arbitraria
ni caprichosa. Aunque es lamentable reducir la dimensión de la tragedia argentina a un problemacontable.
El carácter masivo, criminal y abyecto no se mide por un resultado aritmético, al menos para losque creemos que cuando se asesina un hombre se está asesinando a la humanidad.
No puedo dejar de referirme a sus expresiones de que contrariar la teoría de los dos demonios esun problema de “chiquitaje”. Aquella perversa teoría no iguala como pareciera laresponsabilidad de la violencia popular al terrorismo estatal, sino que en la medida en quesostiene que la violencia popular fue anterior a los crímenes de Estado, en definitiva se convierteen la teoría de un solo demonio, el de los sectores populares. Así se tergiversa, se miente y seoculta la verdad histórica de que a partir del Bombardeo de la Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955con sus 300 muertos, con los sucesivos asaltos al Estado y la proscripción política, con losfusilamientos de junio de 1956 y la Masacre de José León Suarez, con las cárceles llenas de presospolíticos, con la aplicación del Plan CONINTES, con los asesinatos de militantes populares desdeFelipe Vallese en adelante hasta llegar a la Masacre de Trelew, se generó una masiva, sistemática ycriminal represión al pueblo argentino que se prolongó hasta la propia génesis del asalto al poderel 24 de marzo de 1976.
Por último, dice usted que los juicios a los militares no van a ninguna parte. Ello es unverdadero despropósito: la condena de las Juntas, de Camps, Menéndez, Bussi, Etchecolatz y tantosotros, no solo sirven para recuperar a la Justicia como una actividad fundante del Estado: haservido para que la condena social al terrorismo de Estado sea irreversible y de encarnadura al“Nunca Más”. Felizmente todos los días se avanza en los centenares de causas judicialesen trámite, con aporte de nuevas pruebas.
Es triste comprobar que usted pretenda ignorar todas estas circunstancias, aunque seguramentesus afirmaciones le asegurarán un buen éxito editorial para el libro que ha escrito.
EDUARDO LUIS DUHALDE
