Los industriales fueron llegando de a uno en sus camionetas hasta la localidad de GranaderoBaigorria, en Santa Fe. Era marzo del 2006 y los había citado el Instituto Nacional de TecnologíaAgropecuaria (INTA) y la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) para explicarles lasposibilidades de exportar a Venezuela. Allí empezó todo. Un prometedor acuerdo para vender en cincoaños 500 millones de dólares de equipos, una inyección de dinero que las empresas que arrastrabanaños de ejercicios en rojo no podían dejar pasar. La reunión era en Agrinar, una de las fábricasmás grandes de cosechadoras y tractores que hay en el país. Allí, todo iba bien mientras seplantearon los tipos de productos que demandaba la República Bolivariana y se proponía a losfabricantes con potencial de vender que armaran una cotización para exportar. Pero el asunto sepuso tenso cuando aparecieron en escena Roberto Wellisch y Francisco Carrasquero para explicar cómose realizaría la gestión “administrativa” de las ventas.
Sin titubear, los representantes de la ahora investigada trader Palmat, sentados al lado de losfuncionarios del INTA, les explicaron a unos 150 industriales, abogados y contadores de lasempresas que los “gastos de gestión” de las exportaciones costarían un 15% del valor defacturación. Uno de los contadores presentes levantó tímidamente la mano para preguntar cómo se ibaa facturar ese gasto. A lo que Wellisch le respondió: “No, para eso no haypapeles”.
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