La compra del hotel Alto Calafate con 2 millones dedólares por parte del ex presidente Néstor Kirchner hizo que en la Argentina surja el debateacerca de la necesidad en la transparencia y el control del patrimonio privado de los funcionariosdurante su paso por la gestión pública.
Si bien en Argentina existe la Ley de ÉticaPública, son muchos los que consideran que esto no es suficiente para garantizar latransparencia, sobre todo para el presidente o ministros de primera línea.
Adrián Lucardi es Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de San Andrés einvestigador del Consejo Académico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina(CADAL). En diálogo con Perfil.com consideró que "si bien tenemos esta ley, no está confirmado que se cumpla con lamisma, por lo que es necesario actualizar la legislación".
Cuál es la alternativa. El "blind trust" o fideicomiso ciego es un mecanismo utilizado paraevitar un conflicto de intereses en las decisiones que debe adoptar en su cargo un funcionariopúblico. Ya lo pusieron en marcha, entre otros, Estados Unidos, Gran Bretaña y España. EnLatinoamérica el primero en plantear el debate fue Chile. En este último surgió a raíz de lacandidatura del millonario SebastiánPiñera (su fortuna se estima en los 2 mil millones de dólares).
Este mecanismo consiste en la transferencia temporal de bienes, acciones e inversiones a untercero independiente, que deberá administrarlos de manera libre y autónoma y que tiene legalmente prohibido consultar o informar a su dueño sobre la gestión de estos activos.
En ese sentido, Lucardi explicó que "es cierto que (el fideicomiso ciego) se utiliza envarios países. Habría que ver si en Argentina resulta, ya que uno puede tener la mejor medida perosi en los hechos concretos no se cumple, no creo que ayude a la transparencia".
Hernán Charosky es director ejecutivo de Poder Ciudadano. Ante Perfil.com explicó que el objetivo del "blind trust" es que "las decisiones sobreinversiones de los recursos personales de estas personas se hagan mediante mecanismos que no puedanaprovechar de ningún modo su posición privilegiada".
Los casos en el mundo. En Estados Unidos se obliga al presidente, secretarios y funcionariosde primera línea a declarar por escrito sus bienes patrimoniales y prevé la intervención de laOficina de Ética Gubernamental (OGE, en sus siglas en inglés) en casos de potenciales conflictosentre el interés económico privado de la autoridad y el desempeño de sus funciones oficiales.
En Gran Bretaña, tanto el Premier como sus colaboradores tienen que declarar sus bienes y losde sus familiares, y en caso de riesgo de conflicto de intereses también deben vender sus activos ocolocarlos en un "blind trust".
La legislación española dispone que los funcionarios no pueden tener participacionessocietarias directas o indirectas superiores al 10% en empresas que tengan contratos o recibansubvenciones del Estado. La prohibición es total si se trata de compañías que puedan condicionar“de forma relevante” la actuación de la autoridad. En ambos casos, tiene tres mesespara desprenderse de estas posiciones.
El debate en Chile fue impulsado a partir de la candidatura presidencial de Piñera. Elobjetivo es que el mandatario, sus ministros y los legisladores deban delegar el manejo de susactivos que superen los 20 millones de dólares.
Sobre si esta metodología puede servir en caso de usarse en la Argentina, Charosky consideróque " pueden mejorar la transparencia pública si se implementan con criterios claros,públicos y se diseñan de modo tal de garantizar la separación de los intereses públicos y privados"
En ese sentido consideró que la Ley de Ética Pública "es mejorable en muchos aspectos. Es necesario empezar adiscutir la posibilidad de complementarla con mecanismos como éstos, y otros, como los acuerdos deética, donde los funcionarios se comprometen al principio de su gestión, a renunciar a determinadosnegocios o decisiones, o a someterse a mecanismos de transparencia y auto-restricción".
(*) De la redacción de Perfil.com.
