Ana María Fernández, exDirectora General Adjunta de la Dirección General de Fiscalización y Control del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue una de las condenadas a prisión a raiz de la muerte de 194 personas en República Cromañón, la tragedia del 30 de diciembre de 2004.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal condenó a la exfuncionaria a tres años y siete meses de prisión, una pena que supera el límite de lo excarcelable en condiciones normales. Pero Fernández tiene un bebé de siete meses al que todavía amamanta, por lo que realizó el pedido de prisión domiciliaria.
Ahora, el Tribunal Oral Nº 24, integrado por los jueces María Cecilia Maiza y Raúl H. Llanos, rechazaron el pedido de prisión domiciliaria argumentando que Fernández está en pareja con una mujer y por lo tanto su hijo tiene "otra madre", y una familia amplia capaz de contenerlo.
"Es una vergüenza que un tribunal de la Nación haya plasmado una frase tan homofóbica como esta", replicó Gabriela Aguad, pareja de Fernández. "Mi bebé está en un lugar donde no debe estar ningún niño, no le están respetando sus derechos, lo castigan por tener dos mamás. Lo dejaron sin opción: o está sin Ana, que es todo su universo, o está en la cárcel", agregó.
Bautista, que fue el primer bebé en la ciudad de Buenos Aires en ser inscripto con partida igualitaria y el apellido de ambas madres, cumplió siete meses en el Penal 31 de Ezeiza, donde también pasó su primera Navidad y Año Nuevo.
"Si hubiese un papá, mi esposa estaría en casa. Si ella estuviese sola, también. Pero como tiene dos mamás casadas, el tribunal entiende que una es igual a la otra. Es increíble, pero casarnos terminó cercenando nuestros derechos", comentó Aguad al diario Tiempo Argentino.
Sobre el fallo judicial, la mujer sostuvo que "en la resolución usan dos argumentos: que hay otra mamá para hacerse cargo, y que tenemos una familia extensa. Algo que es totalmente mentira. Yo soy de La Rioja, Ana es de San Luis, nos conocimos en Córdoba y por circunstancias de la vida, nos vinimos a Buenos Aires. Acá no tenemos a nadie. No respetaron la Ley 26.472, ni a la 26.061 de protección integral de niños y adolescentes, que es de orden público. Y además hicieron caso omiso a todos los informes, del pediatra, del juez de menores y de la asistente social".
"En este momento, yo no soy igual que Ana, porque ella lo está alimentando. Y a un bebé el alimento lo conecta a la vida. Es el sustento, su universo. Ella es la que le puede asegurar la vitalidad. Y emocionalmente hay un vínculo con la mamá gestante que es difícil de romper: se miran de una manera única y especial. No se pueden cambiar figuritas porque somos las dos mujeres. Siendo juez de la Nación, que deciden sobre la vida de los demás, no pueden desconocer esto", concluyó Aguad a Tiempo.
