La Sala I de la Cámara Federal porteña deberá resolver si archiva definitivamente u ordena lareapertura de una causa penal contra el diputado electo y ex presidente Néstor Kirchner por el supuesto reparto de electrodomésticos y dinero a electores en las legislativas de2005, que se originó con una denuncia que hizo el diputado nacional Jorge Rivas, cuandoera opositor.
Fuentes judiciales precisaron hoy que Rivas hizo su denuncia 17 días antes de los comicios ypidió que, junto a Kirchner, se investigara también a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y al entoncesjefe de Gabinete, Alberto Fernández, por si el trío, mediante lo que denominó "compra devotos", hubiera perpetrado los presuntos delitos de "coecho" y "malversación de fondos públicos".
Por entonces, Rivas era diputado nacional del Partido Socialista y aspiraba a renovar subanca por el Encuentro Social, pero poco tiempo después de las elecciones aceptó el ofrecimiento deFernández, a quien había denunciado, para ocupar la vicejefatura de Gabinete de Ministros de laNación.
Ahora los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah tendrán que resolverla apelación hecha por el fiscal federal Federico Delgado a lo resuelto por el juez federal RodolfoCanicoba Corral, que archivó el expediente en cuanto al presunto delito de "malversación de caudalespúblicos", pero el resto del expediente lo envió a la Justicia electoral.
El fiscal había requerido la acción penal y había solicitado que se citara a declaraciónindagatoria al entonces vice ministro de Desarrollo Social Carlos Castagneto -a su vez candidato aintendente de La Plata- y la titular del Programas Ayudas Urgentes de esa cartera, Marcela PaolaVessvessian, pero el juez Canicoba Corral nunca dio curso a ese pedido.
La denuncia de Rivas también planteaba que fueran citados a declarar como testigos losentonces intendentes de Florencio Varela, Julio Pereyra, y de Berazategui, Juan José Mussi.
El legislador, antes de la denuncia, ya había solicitado a la Fiscalía Nacional deInvestigaciones Administrativas que analice "si al distribuir electrodomésticos entre electores delconurbano bonaerense, el Presidente y sus funcionarios violaron el Código Penal".
"Al votar, el elector cumple la función pública de determinar cuáles de los candidatos seconvertirán en autoridades de la Nación. En tal sentido, quien pretendiese condicionar su decisiónmediante una dádiva cometería el delito de cohecho activo", dijo. "Si quien así procediese, fueseotro funcionario y la dádiva resultase ser un bien del Estado que él administra, incurriría ademásen el delito de malversación de caudales públicos", advirtió ante la FNIA.
Al mismo tiempo, Rivas pretendía saber el origen de los electrodomésticos distribuidos, yaque según puntualizó, "la Oficina Nacional de Contrataciones que depende del Ministerio de Economíano registra licitaciones ni contrataciones directas efectuadas por la cartera que lidera AliciaKirchner" en la cantidad consignada por los reportes periodísticos.
FUENTE: DYN
