A seis días de las elecciones una serie de denuncias penales golpea a la administración k y enespecial a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El abogado Ricardo Monner Sans presentó hoy cuatrodenuncias, una de ellas para que se investigue si la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner utilizó un avión privado de la petrolera Repsol-YPF.
Fuentes judiciales señalaron que el letrado pidió que se investigue si un avión privado de lapetrolera Repsol-YPF, "propiedad de españoles", vino deEuropa a recoger a la presidenta Cristina Fernández y la transportó a Ginebra, donde la primeramandataria asistió a la reunión de la OIT. "¿Cuánto costó esa contratacióno de haber sido una 'gentileza' de la siempre privilegia Repsol-YPF cómo se compadece ello con lasdirectrices de la Ley de Ética Pública 25.188?", se preguntó el abogado, informa la agencia DyN.
Otro de los temas que Monner Sans puso bajo la lupa ladesignación de Gabriel Mariotto en el COMFER. El letradosolicitó se investigue si su nombramiento ha sido o no ilegal dado que el funcionario, según eldenunciante, tuvo una radio comunitaria en Temperley que vendió a "Aribet SRL", pese a que la emisora habíasido declarada ilegal por el ente de control y en 2005 consiguió un permiso precario. La diputadaradical Silvana Giudice ya habíarequerido explicaciones a Mariotto cuandotrascendió que en los 80´había tenido una radio trucha.
El abogado, quien denunció a Kirchner por lautilización del Tango 010 y además presentó una larga lista de funcionarios ainvestigar en 2008, también se refirió a si la Presidenta le quitó a la agencia estatal Telam la ejecución de lapauta publicitaria oficial de la AFIP, PAMI y las superintendencias deSalud, Riesgos de Trabajo, Seguros y que se determine "¿quién o quiénes la hansustituido?" en el manejo de ese dinero público.
Por último, el multidenunciado secretario de Transporte, RicardoJaime, también cayó en las denuncias del abogdo, quiensolicitó que se ahonde la pesquisa sobre el jet privado que vino usando elcordobés para sus desplazamientos hasta que el diario La Nación denunció la situación y se determine "de quién es la sociedad titular delsofisticado aparato".
Monner Sans planteó que seinvestigue si esos hechos pudieran ser constitutivos de los delitos de cohecho, administraciónfraudulenta, designaciones ilegales, infracción a la ley de Ética Pública. La denuncia recayó en eljuzgado federal número dos, a cargo del juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi, con intervencióndel fiscal federal FedericoDelgado.
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