Política

Denuncian sobreprecios y beneficios a empresarios K en una megalicitación

La obra hidroeléctrica Chihuidos I fue adjudicada a Electroingeniería y a Cristóbal López. La Coalición Cívica denunció que el Estado fue su "garante privado".

13-10-2026 | 17:34

La megaobra por más de 1.500 millones de dólares a realizarse en Neuquén fue adjudicada por el Ministerio de Planificación Federal de Julio de Vido al consorcio conformado por Electroingenieria, del empresariokirchnerista Gerardo Ferreira, y la firma Comercial del Plata Constructores, cuyo 25% pertenece a Cristóbal López, uno de los hombres de negocios más cercanos a NéstorKirchner.

También conforman el consorcio beneficiado OAS, Hidrocuyo, Rovella, Carranza y UTE. Sin embargo, cuatro diputados de laCoalición Cívica (CC) denunciaron ante la Justicia graves irregularidades, sobreprecios y una trama de corrupción que alcanzaríahasta la misma caja de los jubilados.

Los legisladores Juan Carlos Morán, Fernanda Reyes, Adrián Pérez y Walter Martello acudieron a lostribunales de Comodoro Py y estos días evalúan presentar un amparo en el Fuero Contencioso Administrativo para que la cartera de De Vido no entregue laobra a ese conglomerado de empresas "amigas" hasta que los tribunales se expidan sobre estasospechosa licitación. Los diputados reclamarán que se impugne la adjudicación de la próxima generadora eléctrica en la región sur y quese vuelva a realizar conforme a la ley.

En diálogo con Perfil.com, el diputado Morán explicó que el financiamiento privado -debe alcanzarel 66% del total de la obra para ser aprobado- que obtuvo el consorcio ganador por parte del Banco de Desarrollo de Brasil (729 millones de dólares), Banco de Córdoba (U$S 302millones) y el Banco Macro (U$S 150 millones) no cumple con el decreto Decreto N° 1023/2001 que regula la contratación pública.

El motivo: el garante del préstamo es el propio Estado argentino a través de un futuro fideicomiso o el Fondo de Coparticipación Federal en el caso del Macro. Incluso, se sospecha quelas inversiones en estos dos últimos bancos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional de la Anses, la caja de los jubilados, luego serían transferidas como financiación enChihuidos I.

Morán consideró que "la licitación está armada. El Estado es tomador de sus propios créditos y así EISA y CPC son el caballo del comisario Kirchner. Dejan claros los papeles para que gane losamigos del Gobierno". Además, el consorcio de empresas kirchneristas presentó un proyecto de 303 millones de dólares más caro que el del conglomerado del Grupo Roggio Isolux, Esuco y Supercemento. Para Morán, la explicación de esesobreprecio es sencillo: " En la obra pública son coimas que terminan en Julio De Vido y Néstor Kirchner".

Además, los diputados encontraron otros dos datos concluyentes en esta adjudicación. Por unlado, el Estado tuvo "excesiva" preponderancia en la financiación "privada" de la obra hidroléctricapor sobre las tarifas eléctricas a cobrar luego a los usuarios y el costo total de la obra. Elganador tenía, desde luego, mejor financiamiento, pero proponía tarifas 0,23 kw/h contra 0,16 delos competidor. El sobreprecio, a la larga, lo pagaría el bolsillo de la gente, según estadenuncia.

¿El Estado licita al Estado? De acuerdo a la presentación que pudo acceder Perfil.com, existió un "direccionamiento para que sean beneficiadas las empresaspertenecientes a Ferreyra y López", advierte y luego apunta que " el riesgo empresarial asumido por los empresarios es inexistente, dado que elconsorcio ganador pudo obtener aquel financiamiento por la garantía lisa y llana del Estado Provincial y garantías del Estado Nacional anteel Banco de Córdoba, el BANDES de Brasil y Banco Macro".

Asimismo, en la presentación realizada también se indica que "lo escandaloso es que indirectamente estarían financiando un presunto hecho de corrupción con dinero delos futuros jubilados. Ya que como se desprende de las Actas 12 a 20 del Comité Ejecutivo de ANSES,tanto el Banco Macro como el Banco de Córdoba, reciben permanentemente grandes depósitos del FONDODE GARANTIA DE SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO".

A su vez, los diputados opositores denunciaron que estos hechos "evidenciaría la relación ilegal entre quienes han resultado preadjudicatarios y quienes,impulsaron, gestionaron y finalmente consiguieron otorgar avales y garantías a un privado al solo efecto de obtener un beneficioeconómico por medio de un proceso direccionado".

También en Perfil