En Tucumán, la puesta en marcha del plan Argentina Trabaja puso al descubierto numerosas irregularidades que terminaron con la detención de cuatro punteros políticos vinculados a un intendente y a un legisladoralperovichista, que a cambio de incluir a indigentes en los beneficios solicitaban unporcentaje del sueldo en beneficio propio. Por estas horas, la Justicia local y federal investigasi detrás de las 250 cooperativas que se formaron para dar trabajo se esconden prácticasclientelares.
El escándalo estalló a principios de enero, cuando Verónica Pedernera denunció que Amelia Herrera, una puntera política de Banda del Río Salí, le arrebató la tarjetay entre amenazas le dijo que el beneficio lo iba a cobrar ella y que si quería le iba a“tirar unas monedas”. Esto provocó la denuncia policial, que terminó con la detenciónde la puntera y de los dirigentes barriales Manuel y Guillermo Quiroga, a quienes después de sendos allanamientos se lessecuestraron armas de grueso calibre, dinero y comprobantes que certificaban la extracción deefectivo de distintas cuentas bancarias por montos de $ 400.
Desde la Casa de Gobierno trataron de desvincular al gobernador José Alpervich de las prácticasclientelares que quedaron al descubierto e incluso el mismo mandatario instó a los cooperativistasa que denunciaran cualquier irregularidad. Entre otras anomalías, el senador nacional José Canodenunció que en las planillas que se presentaron para formar las cooperativas debía figurar elnúmero de afiliado al justicialismo.
