La propuesta del Gobierno de reducir la edad de imputabilidad para que jóvenes de entre 14 y 16 años que hayan delinquido puedan ser condenados como adultos desató la polémica. Las críticas llegaron de diferentes flancos, tanto de la oposición, que pidió ser tenida en cuenta al discutir un nuevo régimen penal para los jóvenes, como de la Iglesia y Unicef, que creen que el problema debe enfocarse con otras prioridades. El Gobierno se defendió con el argumento de que no se trata de una cuestión electoralista y fijó como plazo fin de año para presentar al Congreso un nuevo proyecto de régimen penal juvenil.
—Nosotros pedimos que se analice una respuesta adecuada con miras a las víctimas y que, ante delitos que atentan contra la vida, como homicidios, robo con armas, violaciones y secuestros extorsivos, un fiscal tenga la posibilidad de plantearle a un juez que ese menor comprendía la criminalidad del hecho, y que el juez decida si es o no imputable. El joven va a tener incluso su derecho a defensa, que hoy no tiene.
—La información, si bien es cierta, es parcial. En Argentina no tenemos sistemas de información judicial completos, Por un lado, en 2015 la cantidad de alojados en institutos de menores fue de 1.305, pero también ingresaron a la provincia de Buenos Aires 26.798 causas al Fuero Penal Juvenil; en Santa Fe, 8.610, y en Salta, 5.233.
—Como todo, la estadística, sin forzarla, puede mostrar una parte. Si se quiere discutir la gravedad, según el Censo de 2014, sobre 1.142 (menores) detenidos, en 502 casos –el 58%– hubo uso de armas. Del total, el 42% ya había delinquido y, a su vez, 255 fueron homicidios. Es poco, pero no son pavadas.
—Para avanzar en un trato adecuado, según la Convención de Derechos del Niño, son necesarias medidas de prevención. Pero con el argumento de que no se está cumpliendo, no se puede seguir manteniendo un decreto ley de la dictadura.
—A diferencia de los adultos, la población alojada sería mucho menor, lo que facilitaría las cosas. Con acompañamiento presupuestario, tenemos que garantizar que todos los jóvenes estén en condiciones ideales, aunque hay que aclarar que los institutos de menores corresponden a cada provincia.
—No es algo improvisado u oportunista, es un trabajo que se inició en 2016. La propuesta es continuar discutiendo en el marco de una mesa de expertos para, luego de las elecciones, ingresar un proyecto al Congreso
—Hicimos un ciclo de diálogos el año pasado de dos días bajo el lema de “Hacia una nueva ley penal juvenil” en el que participó Unicef y para el que convocamos a especialistas en todo el país. Estamos de acuerdo en casi todo con Unicef, simplemente proponemos evaluar la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años en casos concretos. En ese punto, no sé si nos vamos a poner de acuerdo.
