El exclusivo hotel Los Sauces, ubicado en El Calafate, no deja de traerles dolores de cabeza asus dueños, el matrimonio Kirchner. Esta propiedad, que se alquila al empresario Juan Carlos Relatspor cifras inverosímiles, no sólo genera incongruencias en las declaraciones juradas de Néstor y Cristina, sino que podría afectar las funciones de la Presidenta.
Los Sauces es un hotel boutique de cinco estrellas, cuyas habitaciones se cobran entre 780 y 1.500 dólares la noche. Tras haber sido erigido en2006, fue alquilado a Juan Carlos Relats, empresario que obtuvo varias concesiones viales y obras públicas estatales. El alquiler asciende a 210.000 dólares por mes, una cifra elevada para un emprendimiento que suele tenerla mayor parte de sus habitaciones desocupadas.
El hotel también podría generar un conflicto de intereses para la Presidenta: el 9 de juniode 2008, Cristina firmó el decreto 902/08, según el cual aceptaba la renuncia de Rutas del Litoral-empresa propiedad de Relats- a reclamar una "tasa interna de retorno [para] contratos de concesiónde obra pública". Este decreto, que aparenta ser un ahorro para el Estado, en la práctica significóun beneficio para la empresa, que cobró 32 millones de pesos, según confirmaron fuentesde la compañía al diario La Nación.
La polémica se suscita sobre si Cristina podía firmar ese decreto. El inciso i) del artículo2 de la Ley 25.188 de ÉticaPública impone a todo funcionario "abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual seencuentre comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en ley procesal civil", o delo contrario el acto firmado sería nulo de nulidad absoluta. Las causas de excusación incluyenser "acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes" y "haber recibido beneficio de importanciade alguna de las partes".
"Se dan varias causales para la nulidad del decreto", comentó al matutino elabogado constitucionalista Fernando Toller, quien opinó que la firma presidencial "no tiene efectosjurídicos y lo que dispuso debe retrotraerse".
Más cauto, el ex fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, sostuvo que"apuntan a que los funcionarios sean imparciales al tomar decisiones, y cuando se está en duda, es necesario que se excuse o que dictaminen la Oficina Anticorrupción y laProcuración".
La irregularidad podría haberse evitado, según Toller, sila resolución era firmada por cualquier otro funcionario que no fuese la Presidenta, como el jefede Gabinete, el Ministro de Planificación Federal, o las autoridades de Vialidad Nacional.
"La situación se encuentra absolutamente al borde de la nulidad", afirmó elabogado constitucionalista Daniel Sabsay, aunque aclaró que "habría que ver de qué manera serefleja el cobro de los alquileres por parte de Néstor Kirchner en la sociedad conyugal", ya que setrata de ingresos gananciales.
