España se halla inmersa en plena campaña electoral. El domingo 7 de junio se celebran allí laselecciones europeas, en las que se eligen los eurodiputados que se habrán de incorporar alParlamento Europeo. La campaña se ha visto enturbiada por la acusación formulada por el PartidoPopular de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, utiliza un avión Falcon dela Fuerza Aérea Española para desplazarse a los mítines electorales del Partido Socialista ObreroEspañol.
La polémica desatada no es lejana a una problemática similar que se ha instalado en laArgentina: el uso de los helicópteros oficiales para los traslados del consorte de la presidentaCristina Fernández de Kirchner a los actos del Partido Justicialista.
El líder del PP, Mariano Rajoy lanzó un reto a Rodríguez Zapatero: "Consideraría una burla alos españoles, que el presidente del Gobierno viajara a Asturias en un avión oficial". Este no searredró y pocas horas después estaba viajando a Asturias, efectivamente, en un avión oficial paraparticipar en un mitin de la campaña europea.
Los dirigentes del PSOE se encargaron de difundir los argumentos para justificar el uso queZapatero ha venido haciendo del uso de los aviones oficiales desde que llegó a la presidencia delGobierno en 2004. Según el ministro de Defensa, el presidente ejerce su cargo "las 24 horas deldía, haga lo que haga y no puede estar fuera de cobertura, para comunicarse con sus ministros", demanera que "constituiría una grave irresponsabilidad cuestionar la seguridad de la presidencia delGobierno".
Los populares han contra argumentado señalando que el presidente José María Aznar utilizabaaviones privados, que eran costeados por el PP, cuando se desplazaba a los actos de la campañaelectoral. Sus dirigentes presentaron a la prensa las facturas de 23 vuelos que Aznar hizo en unFalcon 900 durante la campaña electoral de las municipales y autonómicas de 2003, que fueronabonadas por el PP. Señalaron que, lo habitual, en Europa, es que los partidos se hagan cargo delos gastos de traslado de sus dirigentes en campaña electoral, como acontece con la canciller deAlemania, Ángela Merkel a la que la CDU paga los desplazamientos a actos partidarios.
El Partido Popular presentó entonces un recurso ante la Junta Electoral Central y formuló unaconsulta al Tribunal de Cuentas por el uso de aviones oficiales para acudir a los mítines del PSOE.Aseguran que se produce una infracción a la ley de financiación de partidos políticos que estableceun límite para cada campaña. Explican que si el PSOE no se hace cargo de los gastos dedesplazamiento de Zapatero, pueden dedicar ese gasto a otros de la campaña, superando los límiteslegales establecidos. Finalmente instaron a que los jueces exijan al PSOE el reembolso al Estado delos gastos de esos vuelos.
Para Gaspar Llamazares, diputado de Izquierda Unida, estamos ante "un ejemplo de malautilización de un bien de carácter público" y para Joan Ridao, de Esquerda de Cataluña, supone "unaprovechamiento ilícito de recursos que son de todos". Por consiguiente, en un caso extremo, podríaentenderse que se trata de un caso de malversación de caudales públicos. Pero, cualquiera que seael enfoque legal, lo cierto es que se produce una situación de competencia desleal frente a losotros partidos políticos, cuando el partido en el poder utiliza los recursos del Estado para eltraslado de sus dirigentes a actos partidarios.
En la Argentina se ha denunciado el uso de un helicóptero que alquila la presidencia de laNación, para trasladar al esposo de la presidenta Cristina Fernández a los actos del PartidoJusticialista. Además del alquiler del helicóptero, la Casa Rosada se hace cargo de la filmación ytelevisación de los actos del presidente del PJ y aporta todo el personal del Estado necesario parala organización de los encuentros partidarios.
Obviamente, éste se trata de un caso más grave que el español, puesto que Néstor Kirchner notiene ningún cargo oficial y por lo tanto carece de una cobertura legal que pueda justificar el usode medios de transporte oficiales. Así lo ha denunciado el CIPPEC (Centro de Implementación dePolíticas Públicas) que ha considera "injustificable" que el Estado se haga cargo de los gastos dedesplazamiento de Néstor Kirchner.
En 2007, cuando Cristina Fernández de Kirchner era simplemente "primera dama" y candidatapresidencial por el oficialismo, se archivó una denuncia por un hecho similar, al considerar lainexistencia de delito. El entonces Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, ManuelGarrido, pidió que la Oficina Anticorrupción reglamentara la utilización de los recursos del Estadopor las esposas o esposos de los presidentes. Sin embargo, bastaría una aplicación rigurosa de laLey 26215 de Financiamiento de los Partidos Políticos para terminar con esta corruptela. Podríaconsiderarse el gasto como una contribución o donación indirecta no autorizada según lo establecenlos artículos 15 y 16 de la citada disposición. La Ley no permite, por ejemplo, que los partidosreciban contribuciones o donaciones de "empresas concesionarias de servicios u obras públicas de laNación". No parece razonable que se admitan impunemente las donaciones o contribuciones en especieque a las campañas partidarias del esposo de la presidenta se hacen desde la presidencia de laNación.
En Italia, mientras tanto, los fiscales parecen ser más decididos que en la Argentina. El fiscalde Roma, Giovanni Ferrara ha ordenado una investigación para clarificar si en la utilización deaviones del Estado, el primer ministro Silvio Berlusconi ha incurrido en "comportamientos penales",al trasladar a amigos e invitadas a la isla de Cerdeña para asistir a las fiestas de su mansión deVilla Certosa. En algunos aspectos -los bufonescos- nos parecemos mucho a nuestros ancestrositalianos. En otros -el rigor de los fiscales- no tanto.
(*) Agencia DYN
