Dirigentes de la oposición volverán a debatir hoy si piden juicio político para el intendente de Tartagal,Sergio "el oso" Leavy, implicado en el escándalo por el uso de facturas apócrifas parael cobro de trabajos especiales durante la reconstrucciónde la ciudad tras el alud de barro, un presunto acto de corrupción que investiga el fiscal Juan Cabot.
En diálogo con Perfil.com, periodistas y vecinos de Tartagal coinciden en algo: "La cosa está pesada". Muchos no quieren hablar por miedo a represalias. Lasemana pasada, el debate en el Concejo debió ser suspendido porque piqueteros, aparentementealineados al intendente, prohibieron el acceso al recinto donde se dirimía el futuro de Leavy. Losmiembros del Concejo intentarán hoy llevar adelante la frustrada sesión, con el refuerzo policial yla expectativa de los medios.
El intendente, en diálogo con la emisora Informales FM 89.3, sostuvo que los concejales “deben sesionar llevando tranquilidad a la población” al tiempo que se mostró tranquilo por el curso de los hechos. Leavy señaló que todas las pruebasserán presentadas cuando lo requiera la Justicia y explicó que la renuncia de su secretaria deHacienda, Daniela Trigo, no fue aceptada.
Perfil.com detalló la denuncia presentada por Martín Almaraz quedio cuenta de la falsificación de su firma para retirar dinero por obras que no realizó. Latrascendencia pública de los hechos, más las pruebas que señalan que su cuñado se habría quedadocon parte de los 200 mil pesos, aceleró el pedido de juicio político contra "eloso".
Por si fuera poco, la situación en Tartagal no ha mejorado. Otra investigación de Perfil.com reveló que de las 627 casas que prometió Cristina sólo seconstruyeron 10, y aún no fueron otorgadas.
Leavy, de 42 años, es un militante peronista que antes de desembarcar en política trabajó enempresas privadas. Pero en 2003 dio el gran salto y de la mano del kirchnerismo llegó a serdiputado provincial, apadrinado por el gobernador Juan Manuel Urtubey que, atosigado por elescándalo que salpica a uno de los suyos, le soltó la mano a fines de fines de julio:" Si existe algún problema legal lo tendrá que resolver la Justicia", dijo el mandatarioprovincial.
