Los diputados aprobaron anoche y remitieron al Senado el proyecto de ley que despenaliza el delito de "calumnias e injurias", que significa enlos hechos una protección a la actividad periodística. El proyecto fue aprobado por 154votos afirmativos contra 12 negativos.
La kirchnerista Nora César, presidenta de la comisión de Legislación Penal, explicó que lanorma que "modifica el capítulo del Código Penal referido a los delitos contra el honor" es "una obligación que pesa sobre el Estado argentino". A su turno, la kirchneristaDiana Conti recordó que la CIDH "condenó al Estado argentino en 2008" por el caso de Eduardo Kimel,un periodista condenado en forma penal y civil ante una denuncia efectuada por un juez, y destacóque en el país ya se derogó el delito de desacato, como consecuencia de la acción del CELS y el periodista Horacio Verbirtsky.
La diputada señaló, además, que la ley no protege a los funcionarios públicos y que en realidadles "exige una mayor tolerancia", al tiempo que indicó que no solo saca la pena de prisión y soloaplica multas cuando se comprueba una actuación con "real malicia". La radical Silvana Giudici, presidenta de la comisión de Libertadde Expresión, se quejó de que el oficialismo desoyera a la oposición y que no hubiera tomado encuenta trabajos anteriores de la comisión que preside.
"Otra vez estamos frente a un proyecto del Poder Ejecutivo sin poder conformar nienriquecer el texto, otra vez el oficialismo optó por el atajo", reseñó la legisladoraporteña.
A su turno, la cívica Marcela Rodríguez también cuestionó que "la presidenta haya anunciado que se suprime el delito de calumnias e injurias cuando enrealidad no es así", aunque anunció, más allá de las quejas, el respaldo de su bancada ala iniciativa, cosa que ocurrió igual con el radicalismo. El proyecto de ley despenaliza losdelitos de calumnias e injurias, y tuvo el pasado 13 de octubre dictamen favorable del plenario delas comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Legislación Penal de la Cámara Baja. Lapropuesta, promovida por el Poder Ejecutivo el mes pasado, elimina la posibilidad de considerardelitos de calumnias o injurias a las expresiones referidas a asuntos de "interés público".
De esa manera, elimina la posibilidad de cualquier acción destinada a limitar la libertad deexpresión en el caso de investigaciones periodísticas vinculadas al manejo de la cosa pública. Elproyecto busca dar respuesta a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)para que la Argentina adecue, "en un plazo razonable, el derecho interno a la Convención Americanade Derechos Humanos", para garantizar "la seguridad jurídica" y "la libertad de expresión". Elfallo de la CIDH refiere, entre otros, al caso del periodista Eduardo Kimel, quien, en un librosobre la llamada Masacre de San Patricio, investigó el asesinato de tres sacerdotes y dosseminaristas "palotinos", ocurrido en julio de 976, en la última dictadura militar, en una iglesiadel barrio porteño de Belgrano.
El periodista fue condenado, entonces, "a un año de prisión y sanciones patrimoniales" por habercriticado "el desempeño del juez interviniente" en la causa, en su investigación.
Fuente: DYN
