TARTAGAL, Salta.- El Concejo Deliberante de Tartagal aprobó anoche la "necesidad de remoción" y el "juicio político" contra el intendente Sergio Leavy, por considerarlo responsable de graves irregularidades administrativas y penales como de una supuesta "asociación ilícita".
Con el voto positivo de ocho concejales, dos negativos y una abstención, el cuerpodeliberativo se pronunció luego de evaluar un informe de una comisión que investigó un presuntofraude administrativo. Tras una extenuante jornada en la que abundaron situaciones de muchatensión, los ediles tartagalenses arribaron a dicha conclusión pese a reiterados intentos deabortar la sesión por parte de un centenar de adherentes al jefe comunal. Los manifestantes, que durante todo el día permanecieron en las inmediaciones del concejocon actitudes hostiles hacia concejales y periodistas, habrían sido responsables de los sucesivoscortes de energía que se produjeron en el edificio y que obligaron a interrumpir el debate en másde una oportunidad.
La presencia policial logró persuadir a quienes se oponían a la remoción del intendente, quequemaron cubiertas e incluso obligaron la retirada de los móviles de la TV que cubrían la sesión. Apesar de la decisión adoptada por el cuerpo,, el intendente Leavy se mantendrá en funciones ytendrá 10 días para presentar su descargo.
Leavy está acusado de irregularidades administrativas por el pago de 212 mil pesos que la intendencia intentó justificar presentando facturas de un plomero de la zona, quien negó haber prestado servicio alguno a lacomuna y tampoco haber emitido esos comprobantes.
Según la Comisión Investigadora, se trata de 16 facturas que fueron pagadas con igual número decheques de la intendencia, supuestamente para el alquiler de maquinarias para la compactación en unbasural de la ciudad. Incluso el plomero comprometido negó, no sólo haber cobrado los documentos,sino también haber endosado cheques, a pesar de que figura su firma en uno de ellos.
Según pudo determinar la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante, uno de los chequeshabría sido cobrado por el cuñado de Leavy y supuestamente luego el dinero se usó para la compra deun terreno por parte de la esposa del jefe comunal.
El hecho es investigado por la justicia, donde varios funcionarios prestaron declaración. Ladenuncia fue formulada por "falsificación de documento público" e "incumplimiento de los deberes defuncionario público".
Fuente: DYN
