Impulsan una nueva ley anticorrupción

Hay que dejar de robar por dos años", proponía Luis Barrionuevo en los alboresdel menemismo. La consigna no parece haber tenido mucha repercusión, considerados todos losescándalos de corrupción ocurridos en los últimos años. Pero un grupo de diputados opositores yoficialistas ahora levantan el reclamo y presentarán un proyecto de ley que modifica el códigopenal para castigar con mayores penas los casos de corrupción, tanto a los funcionarios como a lasempresas involucrados.

El proyecto, conocido como "ley penal anticorrupción", se debatirá esta semana en un plenario de lascomisiones de Legislación Penal y de Justicia de la Cámara de Diputados. La iniciativa se basa enun proyecto del presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega, de la CoaliciónCívica, y legisladores de la oposición y del oficialismo avanzan en la elaboración de un dictamencomún.

La nueva ley tiene propone que las empresas, como "personas jurídicas", reciban una sanciónpenal y económica si participan en casos de corrupción. Los castigos incluyen lasuspensión temporal o permanente de la personería jurídica y la aplicación de multas,proporcionales a las ganancias que las empresas implicadas hayan obtenido en un año.

También se elevarán las penas para los funcionarios corruptos, que dependerán del cargo queocupe el imputado y el daño que provoque su delito. Si el culpable es intendente, legisladornacional, ministro o presidente de la Nación, la pena puede ir de 4 a 15 años de prisión. De esta forma, el delito de corrupción dejaríade ser excarcelable, como lo es en la actualidad (las penas vigentes van de uno a ochoaños). También se ampliará el castigo para los jueces corruptos: pasará de 4 a 12 años. Y la penase agravará aún más si el caso de corrupción afecta un servicio público esencial.

El proyecto también introduce la figura del "arrepentido", cuyo caso será tratado con mayorbenevolencia siempre y cuando el delito que cometió sea menos grave que el que denuncie. Además, laley habilitará a que se decomisen los bienes con los que se beneficiaron los acusados (tantofuncionarios públicos como empresa), aún sin condena firme de los acusados.

"Con este proyecto de ley, estamos cumpliendo con un largo reclamo social de poner fin a losllamados delitos del poder, que es la corrupción", dijo el autor del proyecto, Juan Carlos Vega, aldiario La Nación . El diputado nacional ya cuenta con el apoyo de sus pares Ricardo Gil Lavedra (UCR), FedericoPinedo (PRO) y los kirchneristas Alejandro Rossi y Oscar Albrieu.

Los legisladores ya elaboraron un borrador de dictamen de consenso. Gil Lavedra anticipó a LaNación que firmará el despacho pero con disidencias respecto al agravamiento de las penas y lafigura del decomiso. Por su parte, el jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi, confirmó elapoyo del oficialismo.

Según el matutino, la Casa Rosada pidió que, en el mismo trámite, la oposición apoye unproyecto para reformar la ley penal triburaria y el código penal, para avanzar en la lucha contrala evasión fiscal, algo a lo que Vega ya habría accedido.