El 2010 para la presidenta Cristina Kirchner no comenzó tan bien como finalizó el 2009. En losúltimos meses comenzó una nueva causa penal que la involucra de lleno: su actividad en la empresa El Chapel SA, que creó en 2007 juntocon su familia para brindar servicios de consultoría financiera y de inversión.
Quien lleva adelante la investigación es el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que ahoraespera el resultado de las primeras medidas de prueba que ordenó para determinar si la Presidentaincurrió en negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. La comprobación detal delito prevé una pena de reclusión de uno a seis años y la inhabilitación perpetua para elfuncionario que "se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquiercontrato u operación en que intervenga en razón de su cargo", según informó La Nación.
La empresa.En noviembre del año pasado el fiscal federalFederico Delgado realizó un requerimiento de instrucción para que se investigara a los dueños de El Chapel:Cristina, su marido Néstor Kirchner y el hijo de ambos y titular de la compañía, Máximo. La semanapasada el juez ordenó las siete diligencias solicitadas hasta el momento.
La Justicia ordenó una solicitud a la Inspección General de Justicia (IGJ) de copias del legajosocietario de la empresa El Chapel y un pedido al Registro Público de Comercio de Río Gallegos de"todos los datos del estudio contable de Manzanares y Montaner". Ellos son -según advirtió elfiscal en su requerimiento- quienes se encargarían de los negocios del ex presidente NéstorKirchner. Sus oficinas están en Alcorta 76, Río Gallegos, domicilio de El Chapel.
Víctor Manzanares es el contador de los Kirchner y fue quien firmó las declaraciones juradas delmatrimonio presidencial. También intervino como perito de parte en el peritaje sobre el patrimoniode la Presidenta y su marido. Ese trabajo fue la base para el juez NorbertoOyarbide que los sobreseyó en la causa por enriquecimiento ilícito.
Más pedidos. Martínez de Giorgi pidió además a la Oficina Anticorrupción (OA), que funcionadentro de la órbita del Poder Ejecutivo, un informe sobre si es compatible que los acusados tenganuna consultoría y, al mismo tiempo, sean funcionarios públicos. La oposición política ya pidió la renuncia de Cristina a su cargo dedirectora suplente en la compañía.
Sobre el tema la Oficina Anticorrupción ya se pronunció, aunque nunca antes frente a laJusticia. En agosto pasado el titular Julio Vitobello resolvió que laPresidenta podía conservar su cargo de directora suplente de la empresa siempre y cuando no loejerciera, para evitar que sus intereses privados entraran en conflicto con los que debe defendercomo primera mandataria.
