Algo huele mal en tribunales. Se trata de una causa que investiga el destino de $ 600 millones que salieron de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades llevaran adelante tratamientos de Residuos Sólidos Urbanos (RUS), es decir, la basura que se genera en cada casa.
Los fondos investigados fueron manejados por la Jefatura de Gabinete, a cargo de Jorge Capitanich. Las sospechas indican que el dinero se manejó discrecionalmente, con un fuerte olor político.
Los mayores recursos fueron a municipios de Chaco, la provincia de Capitanich, con casi 30% de los recursos del programa. “Los criterios técnicos para otorgar más de $ 173 millones a una provincia que en conjunto genera el 0,81% de los Residuos Sólidos Urbanos a nivel nacional no fueron suficientemente justificados”, advirtió el dictamen que el fiscal federal Carlos Rívolo presentó ante el juez Claudio Bonadio.
Otra de las beneficiadas fue la ciudad de Río Gallegos, capital de Santa Cruz, donde gobernaba Raúl Cantin, tío político de Lázaro Báez. Río Gallegos recibió $ 25.176.903 para que las obras las hiciera la empresa Edisud SA, una constructora de Comodoro Rivadavia que hizo negocios con Cristóbal López.
La auditoría demostró que no existió “un mapa crítico que permitiera disponer de información fundada sobre las municipalidades más vulnerables o con mayores problemas en la gestión de residuos”. Y que tanto la Ciudad de Buenos Aires como municipios de Catamarca, Jujuy, Formosa, Mendoza, San Juan y Tierra del Fuego pidieron fondos pero no le enviaron nada: “Sólo cuatro jurisdicciones, Buenos Aires, Chaco, Santa Cruz y La Rioja obtuvieron el 79 % de los fondos, circunstancia que se agravó porque tres de ellas generaban un pequeño porcentaje de residuos a nivel nacional”.
