Corría el año 1973, cuando mezclados en las columnas de jóvenes de la JP, Néstor Kirchner yCristina Fernández, gritaban "íSe va a acabar, se va a acabar, la burocracia sindical!". Primeraparadoja: nunca el poder de la burocracia sindical ha sido tan inmenso como en el período degobierno del matrimonio presidencial. Segunda paradoja: nunca el verbo traicionar ha sido tanutilizado como ahora por sus seguidores, ciegos ante la traición más descarnada a los idealesjuveniles democratizadores de los años 70.
El enorme poder económico acumulado por la burocracia sindical es una anomalía argentina. Noexiste ningún antecedente en el mundo de una estructura sindical de semejante envergadura,consecuencia del apoyo que le presta el Estado a través de un entramado legislativo que violatratados internacionales firmados por nuestro país. En ningún lugar del mundo una corporaciónsindical acumula tanto poder, al punto que le permite interferir y condicionar el libre juego en elseno de las instituciones democráticas.
Los pilares en los que se asienta el poder sindical son dos. En primer lugar, una Ley deAsociaciones Profesionales que confiere al sindicato reconocido por el Estado, "personeríagremial", es decir le concede el monopolio de la representación sindical para firmar convenioscolectivos de trabajo y otras ventajas. Como a su vez la Ley no establece garantías para que seproduzca la necesaria y conveniente renovación de las direcciones sindicales, se padece el fenómenode la perpetuación de unos líderes que han convertido a los sindicatos en una suerte de anacrónicascorporaciones feudales.
La segunda columna en la que se apoya el poder sindical en la Argentina, reside en la Ley deObras Sociales, un engendro de la dictadura militar de Onganía quien, para ganar el apoyo de lossindicatos, les dio el control sobre enormes sumas de dinero que se recaudan de los afiliados a lasobras sociales.
Todo el sorprendente fenómeno de enriquecimiento de los dirigentes sindicales argentinos esconsecuencia del manejo discrecional de esos fondos, que son vampirizados a través de empresas queprestan servicios a las obras sociales y que están en manos de familiares de los dirigentessindicales. Esto acontece cuando operan "en la legalidad" puesto que, como lo muestra el caso de"la mafia de los medicamentos" en La Bancaria, también se utilizan metodologías de apropiación queson lisa y llanamente criminales.
La muerte del joven Mariano Ferreyra a manos de una patota sindical patrocinada por la UniónFerroviaria debería convertirse en un nuevo "caso Carrasco", un revulsivo que limpiedefinitivamente los establos de Augías en que se han convertido los sindicatos argentinos. No puedehaber más demoras ni pretextos para corregir esta enorme distorsión de la democracia argentina. Elconjunto de partidos de la oposición debe definir una política de Estado, es decir un compromisoblindado en el tiempo, para impulsar en el Congreso presente o futuro nuevas leyes que derriben lascolumnas legislativas en la que se apoya el poder desmedido de la corporación sindical.
En primer lugar, se debe dictar una nueva Ley de Asociaciones Profesionales que rompa elmonopolio sindical y establezca la pluralidad de asociaciones sindicales, sin intervención algunadel Estado. Las comisiones paritarias deberán estar conformadas por los representantes de lasdiferentes asociaciones sindicales, en función de su representatividad, es decir de acuerdo con elnúmero de delegados obtenidos en las elecciones que bajo supervisión de las autoridades electoralesdebe tener lugar en cada lugar de trabajo. Así, funciona el sistema en España, otorgando garantíasde auténtica representación a todas las sensibilidades sindicales.
En segundo lugar, se debe abordar la reforma de la ley que confiere el manejo de las obrassociales a los sindicatos. En una primera etapa, las obras sociales deben estar auditadas y bajo elcontrol de un comité de supervisión no rentado en el que participen todas las asociacionessindicales y empresarias del sector, con un gerente profesional al frente de la gestiónadministrativa. En una segunda, habría que valorar si el sistema de salud argentino puede estarfeudalizado en distintas obras sociales, cuando desde una perspectiva racional, los servicios desalud deben estar centralizados en unidades cada vez más complejas, sin perjuicio de descentralizarla atención primaria.
No debe haber más demoras para iniciar este proceso de regularización legal. Nunca lascondiciones políticas han sido más propicias, dado que existe un enorme sector del peronismo"federal" que -si se atienden las declaraciones "antimoyanistas" de Eduardo Duhalde y Felipe Solá-debería apoyar sin retaceos esta reconversión integral de la estructura sindical. La Argentina deberomper las ataduras con un pasado corporativo que es una de las causas de su ineficiencia eimproductividad. No sólo por la presencia de pesadas y costosas burocracias externas a la actividadproductiva, sino porque la falta de democracia sindical impide el diálogo proactivo entreempresarios y trabajadores, que se debe nutrir alrededor de potenciar lo que les es intrínsecamentecomún: la empresa concebida como proyecto institucional compartido.
(*) Agencia DYN
