El fallo unánime de la Corte que rechaza la apelación del Gobierno contra la medida cautelardictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal muestra que laspresiones sufridas en los últimos tiempos no amedrentaron al máximo tribunal nacional. Dicha medidacautelar dispuso la suspensión de la aplicación del artículo 161 de la ley de medios.
La Corte mantuvo la jurisprudencia respecto a que las medidas cautelares no son materia derecurso extraordinario, ya que no son
equiparables a una sentencia definitiva.
Sin embargo, el fallo dice mucho más: Manifiesta que la cautelar dictada no afecta en modoalguno la aplicación general de la ley y que no hay gravedad institucional en el caso enanálisis.
Este último punto había sido buscado insistentemente por el Gobierno, ya que sin una declaraciónde gravedad institucional la Corte
no iba a apartarse de su larga jurisprudencia de rechazar el tratamiento de medidacautelares.
Asimismo, la Corte se encarga de recordarle al Gobierno que las licencias fueron obtenidas porlos medios durante la vigencia
de la ley 22.285 y que las mismas fueron prorrogadas por diez años y por Decreto en el 2005durante el Gobierno de Néstor
Kirchner. Además, fue el mismo Poder Ejecutivo, en manos de Cristina Fernández de Kirchner,quien envió el proyecto de ley para cambiar las reglas que había fijado con anterioridad.
Este recuerdo que trae el máximo tribunal no es casual. Pone en primer plano el hecho de que lasconcentraciones en los medios de comunicación fueron el producto de decisiones políticas adoptadaspor los últimos dos gobiernos.
La Corte le sugiere al tribunal inferior que, en caso de extenderse el tiempo de resolución dela cuestión de fondo, sería conveniente que se le fije plazo a la medida cautelar otorgada de modotal de no desnaturalizar su carácter provisional provocado por una desmesurada extensióntemporal.
En definitiva, sigue pendiente resolver el tema de fondo que gira en torno a la validez de lacláusula de adecuación del artículo 161 de la ley de medios y el artículo 41que regula lastransferencias de licencias. Estas cláusulas violarían derechos adquiridos tutelados por laConstitución Nacional.
La Corte decidió con tranquilidad y sabiduría en medio de un clima de presiones, demostrando suindependencia le pese a quien le pese.
(*) Diputada Nacional (PRO). Miembro de la Comisión de Libertad de Expresión.
