La jueza de Mendoza, Olga Pura de Arrabal, que en marzo pasado dictó una medida cautelar que suspendióla aplicación de la Ley de Medios, advirtió este lunes, a través de una carta al titular de laCorte Suprema de Justicia, que el dirigente oficialista Luis D´Elía la denunció por daños y perjuicios y le reclama una indemnización de dos millones de pesos por las decisiones que la magistrada tomó en su provinciacon la norma.
La denuncia de la Federación Tierra y Vivienda, que lidera D´Elía, es para Arrabal pero seextiende a los camaristas que fallaron en contra de la ley; Otilio Roque Romano, Alfredo LópezCuitiño y Julio Demetrio Petra. Y también a Enrique Thomas, el diputado que disparó la causa. En una misiva diriga a Ricardo Lorenzetti, la mendocina solicita que se "tome la intervención pertinente,en defensa de los hechos que me son propios como magistrada de la Nación".
En un pasaje anterior, explica: "La gravedad institucional no se configura tan sólo con lademanda (a todas luces jurídicamente improcedente) sino que ha adquirido connotacionespreocupantes, a poco que se advierta que el Cuerpo de Mediadores del Ministerio de Justicia,Seguridad y Derechos Humanos, le ha dado curso, citando a los magistrados a la audiencia fijada para el día 5 de mayo, en unajurisdicción manifiestamente incompetente en lo territorial, dado que el hecho que se endilga seproduce en Mendoza, donde también residen los demandados", escribió Pura de Arrabal.
El 25 de marzo de este año, Pura de Arrabal y los camaristas dieron lugar alreclamo de Thomas trabando el curso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual bajo elargumento de que "el recurso de apelación en tratamiento debe ser desestimado y que le asistió razón a la señora juez de gradocuando, como fundamento central de la medida de cautela dictada, concluyó que al señordiputado nacional accionante en estos autos efectivamente se le habían violado sus fuerosparlamentarios y fue privado de ejercer el derecho-deber de intervención como legislador en eltrámite de sanción de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisuales, lo que conlleva laviolación de derechos constitucionales que la asisten como representante del pueblo”.
En palabras de D´Elía, en tanto, se escuchó: "El accionar del diputado Thomas y de los juecesestá causando un perjuicio enorme a un amplio sector social al que esta ley le concedió larepresentación que merecen". Según Clarín, la FTV del piquetero posee dos señales de televisión que no pueden transmitir comoconsecuencia de la suspensión de la aplicación de la referida ley.
También en Perfil
