La Fundación La Alameda denunció la existencia de una red de bares donde fue relocalizado elnegocio ilegal de la explotación sexual de mujeres en Río Gallegos, Santa Cruz. Esta mismafundación había denunciado la trata de mujeres enjunio y ahora descubrieron que el negocio fue trasladado a otras zonas, pero nunca dejó de existir.
Gustavo Vera, presidente de la Fundación La Alameda, junto con el abogado Mario Ganora, sepresentaron el lunes ante la jueza federal de Río Gallegos, Alicia Álvarez, para dejar asentada ladenuncia. Las sospechas son que se trataría de lugares con similares características a las llamadas“Casitas”, conjunto de prostíbulos que confluían en una misma manzana a metros de la terminal de microsde la ciudad, que fueron investigadas por la Alameda a comienzos de este año.
Allí se comprobó la esclavitud de las mujeres y las complicidades de las más altas esferaspoliciales de la provincia de Santa Cruz. Tras esa primera denuncia penal en Río Gallegos, la juezaÁlvarez realizó un operativo a comienzos de junio sobre una treintena de prostíbulos, que seencubren como bares o wiskerias. Pero esta medida judicial no implicó la erradicación del crimen organizado.
Otro de los puntos presentados ante la jueza es el peligro de las enfermedades de trasmisión sexual y la política permisiva expresadapor el secretario de Derechos Humanos local, Humberto Quiñones, quien apela a la reglamentación dela explotación sexual, contrario a la ley 12.331.
A esto se le suman los convenios internacionales adscriptos por este país, como la Convenciónpara la Represión de la Trata de Personas y Explotación Sexual Ajena de 1949, que marcan unapostura totalmente opuesto a la impulsada por Quiñones.
Los representantes de La Alameda se reunirán esta semana con el obispo local, Juan CarlosRomanin, y continuarán con las entrevistas a diversos integrantes de la comunidad.
