Elisa Carrió quiere volver aimprimirle su estilo al Congreso de la Nación y ya tiene decidida cuál será su primera medida: presentará un paquete de leyes anticorrupción, enlas que pide aumentar penas para funcionarios públicos. La iniciativa también golpeará puntos neurálgicos delkirchnerismo, ya que propone la creación de unaComisiones Especiales investigadoras sobre recursos naturales, deuda externa, juego, obras públicas ylibertad de expresión.
“La corrupción es un típico delitodel Poder. A diferencia de las leyes Blumberg donde se criminalizaban delitosde la pobreza con la equivocada finalidad de combatir la inseguridad ciudadana, en este proyecto seestá buscando castigar legalmente delitos del Poder que hoy carecen de pena real en laArgentina”, afirma el proyecto, que Lilita firmó junto a Juan CarlosVega, al que tuvo acceso Perfil.com.
"Más allá de que en Argentina la corrupción es un mal endémico cultural, resultaindudable que ella impregna toda la vida económica", expresó Carrió a este portal."Una alta corrupción afecta necesariamente la seguridad jurídica y la calidad institucional de un país", agregó Vega. Cerca deLilita, comentan en la confianza que deposita en el proyecto. "Está a full con el tema", ilustróuno de sus allegados.
La medida, que en Diputados parece contar con un gran consenso, establece un aumentode las penas máximas y mínimas para delitos de corrupción, significativamente mayores a las que prevé el actual Código Penal.En el proyecto, proponen en principio que las condenas mínimas no seas excarcelablesy buscan "calificar el delito de corrupción por la participaciónjudicial en cualquiera de sus eslabones", según expresaron.
“Ya que nuestro Código Penal no contiene tipos legales precisos que condenen actos de Corrupción de parte defuncionarios públicos, elobjetivo de esta ley es tipificar así comosancionar penalmente losactos de corrupción", sostuvieron ambosdiputados, al tiempo que marcaron que su proyecto aspira a "superar la situación devirtual 'legalidad de la Corrupción' en que vivimos losargentinos y trasladar las 'figuras jurídicas' de la ConvenciónInteramericana contra la Corrupción (Caracas 98 -Ley 24759) al Código Penal Argentino".
"Se busca actualizar concretamente la definición'funcionario público' para abarcar penalmente aaquellos que, sin representar al Estado, trabajan 'a su servicio' como serían los concesionarios de obra pública”,afirmaron. De esta forma, de aprobarse, la medida podría afectar a varias empresas como AustralConstrucciones y las firmas de Juan Carlos Relats, que figuran en varias denuncias realizadas por la CC el añopasado.
Las comisiones. Carrió y Vega proponencrear varias comisiones investigadoras, todas con un propósito en común: detectarposibles casos de corrupción. Su división no parececasual: Recursos Naturales, Deuda Externa, Juego, Obras Públicas yLibertad de Expresión sontodas materias en las que el Gobierno está acusado de irregularidades, incluso con varias demandas firmes enla Justicia.
Además, la puesta en debate de la deda externa es un elemento de debate que la centroizquierdaimpulsa en Diputados y parece ser la llave para conseguir su apoyo al proyecto.
