Lidia Papaleo de Graiver y su hermano Osvaldo comparecieron esta tarde ante el fiscal HernánShapiro, de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a losderechos humanos cometidas por el terrorismo de Estado.
Los hermanos Papaleo, que son dos testigos clave para sustentar la versión del Gobierno que presentó Cristina el martes, concurrieron alos tribunales platenses, pero Osvaldo no declaró y se retiró sin hablar con la prensa, trascomparecer en la causa en la que imputó a Norberto Cozzani, un ex cabo de la Policía Bonaerenseacusado por crímenes del centro clandestino de detención Puesto Vasco (en Quilmes), donde estuvopresa Papaleo.
Shapiro y su colega Carlos Dulau Dumm integran la Unidad, que es coordinada por el fiscalMarcelo Molina, en la cual el juez Arnaldo Corazza delegó el expediente judicial para que seinvestigue, como dice el Gobierno, una posible relación entre delitos de la dictadura y la venta dePapel Prensa.
Lidia Papaleo fue dueña de Papel Prensa. Su hija con David Graiver, María Sol, explicó ayer que no tiene ningúnreclamo contra los accionistas privados de Papel Prensa. Esta semana, además, se dio a conoceruna carta dirigida a María Sol en la que Isidoro Graiver contradecía la posición dePapaleo y el Gobierno.
La viuda de Graiver hizo su exposición en el marco de una causa donde se investigan los crímenesperpetrados en el llamado "circuito Camps", que conducía el ex jefe de la Policía Bonaerense.
Hugo Wortman Jofre, letrado de los diarios Clarín y La Nación, quien aclaró que no estuvo en la audiencia pero recabó información, ratificó quetodavía no hay ninguna denuncia del Gobierno por los hechos que habrían ocurrido según la versiónque narró la presidenta Cristina Fernández esta semana en la Casa Rosada, en el marco de un actoorganizado especialmente.
Wortman Jofre contó que Lidia Papaleo reiteró en la audiencia que "firmó la documentación estando en libertad", en referencia a la venta de lasacciones de Papel Prensa, dato que ya se había difundido.
Esta aclaración está relacionada con la afirmación del Gobierno de que la familia Graiver habíavendido las acciones coaccionada durante dictadura militar.
Fuente: DyN
