El fallo de la justicia llegó justo. La disposición de la Cámara en lo ContenciosoAdministrativo Federal ordenando al Gobierno Nacional otorgarle al diario Perfil y a las distintasrevistas de Editorial Perfil publicidad oficial en igual proporción a otras publicacionessimilares, pone en riesgo toda la política del kirchnerismo de aumentar la compra de medios justoen el año electoral, financiando sus recursos operativos en base a esa misma publicidad oficial. Siel Gobierno le debe dar a medios similares, cantidades también similares de avisos oficiales, sereducen las ventajas de los amigos del Gobierno a la hora de comprar radios, diarios, revistas ocanales de televisión. Por lo menos en lo que hace a la publicidad oficial, podría dar lo mismo sero no amigo del Gobierno. Y al distribuirse la misma cantidad de avisos más equitativamente, losmedios preferidos del Gobierno tenderían a recibir menos publicidad, haciendo menos viable elcumplimiento de los servicios que hoy le brindan al oficialismo.
El levantamiento del programa de Nelson Castro fue la más reciente acción de censura de unalarga cadena que incluyó en distintas proporciones a decenas de periodistas y mediosindependientes. Como todo aquello que no encuentra un freno en la vida, la presión sobre los mediosque comenzó hace cinco años se venía acelerando, alcanzando niveles cada vez más escandalosos. Poreso este fallo de la Justicia no podría haber llegado en momento más oportuno.
El gobierno podrá apelar a la Suprema Corte de Justicia lo dispuesto por la Cámara en loContencioso Administrativo Federal, pero conociendo el antecedente de ese tribunal en la causa deldiario Río Negro contra la provincia de Neuquén, citado entre los argumentos de este fallo a favorde Perfil, todo lo que podría conseguir es dilatar un poco más su caduca política de discriminacióncon la publicidad oficial asumiendo el riesgo de tener un revés político aún mayor, porque elmáximo tribunal podría resolver con rapidez por tratarse de un amparo.
Este fallo sobre la publicidad oficial sienta un precedente jurídico histórico para todo elperiodismo argentino.
