El lenguaje político busca impresionar a una cierta audiencia y se ampara en la ambigüedad delas palabras para alcanzar su objetivo político. La interpretación que se difunde sobre undeterminado término polémico permite mantener viva la tensión entre los grupos políticos y, enocasiones, sirve para reforzar el antagonismo propio del espectáculo político. Una muestra palpablede esta práctica política habitual la ofrece actualmente la polémica desatada alrededor del uso dereservas del Banco Central.
Para los adherentes incondicionales del oficialismo, todos quiénes cuestionan elprocedimiento utilizado por el Gobierno para resolver el problema fiscal, son considerados durospartidarios del "ajuste". La expresión "ajuste" hace referencia a las medidas económicas de mayorrigor presupuestario que deben ser implementadas en algún momento cuando los gastos fiscalessuperan a los ingresos.
Los presupuestos del Estado, al igual que los presupuestos de las empresas y las familias,contemplan la posibilidad transitoria de un desequilibrio entre ingresos y gastos. Pero estosdesequilibrios, financiados transitoriamente, en algún momento deben ser compensados y no existeley de la economía que permita prorrogarlos indefinidamente.
Por consiguiente, si se enfrenta un desequilibrio presupuestario, en algún momento seránecesario "ajustarlo". Si se está de acuerdo con esta afirmación, el paso siguiente debería llevara reconocer que el dilema no es "ajustar" frente a un imposible y mágico desajuste perpetuo. Elverdadero problema radica en quién ajusta y en definir el momento apropiado para llevarlo a cabo.
Los partidarios del actual gobierno, en el fondo, aspiran a que el impopular "ajuste" lohagan otros. Su negativa a ajustar ahora es un simple subterfugio para trasladar el ajuste sobre laespalda del gobierno siguiente. Esta práctica de desplazar la resolución de los problemas para másadelante es típica de los gobiernos populistas. Justamente, en eso consiste la imputación de"populista" que se aplica a ciertas políticas.
Cuando se administran los recursos públicos de un modo irresponsable, atendiendo a lasnecesidades electorales del momento y se presta poca atención a las consecuencias que esaspolíticas tendrán en el largo plazo. Ejemplos históricos de financiación irresponsable han sido enla Argentina el "impuesto inflacionario" y los "festivales de bonos".
Por ese motivo, para evitar, en la medida de lo posible, alejar las finanzas públicas de losavatares del ciclo político, es que en todas las constituciones del mundo se confía la facultad defijar los ingresos y gastos del presupuesto estatal al Congreso, quien dicta con ese fin laimportante Ley Presupuestaria. Si el Gobierno advierte tardíamente -como en el caso actual- quetiene un agujero presupuestario considerable (de 55.000 millones, según la presidenta CristinaFernández y de casi 90.000 millones, según el economista y diputado Claudio Lozano) lo que indicael sentido común es que la Ley vuelva a ser reconsiderada por el Poder Legislativo.
El Congreso es el único poder investido constitucionalmente para definir las partidas que debenser ajustadas y aquellas que, por favorecer las inversiones productivas que generan empleo genuino,deben ser financiadas. Por lo tanto, defender la calidad del gasto público, a través de laintervención del poder legislativo, no convierte a las personas en reaccionarios recalcitrantes nien furibundos partidarios "neoliberales" del ajuste, sino en simples ciudadanos respetuosos delorden constitucional.
Actualmente, en las democracias avanzadas, existe un cierto consenso acerca de cuestiones quehan quedado alejadas de añejas polémicas de intenso sabor dogmático. El equilibrio presupuestariono es un dogma religioso que haya que defender frente al ataque de los infieles.
De acuerdo con las recomendaciones keynesianas, en momentos de recesión en que hay que favorecerel empleo, los gobiernos pueden tolerar, en forma transitoria, ciertos déficits que más adelanteserá necesario compensar. Obviamente, esta posibilidad no es ilimitada y obliga a guardar unacierta proporción para evitar que en el futuro se convierta en un problema inmanejable.
La atribución de mezquindad social a los partidos o grupos políticos que manifiestan unacierta preocupación por la calidad y proporción del gasto público, forma parte del arsenal defalacias argumentales a las que últimamente los ciudadanos están sometidos en la Argentina.
Es más fácil refugiarse en gastados argumentos "destituyentes" que abrir el debate franco y lealsobre los modos de generar un proceso de crecimiento sustentable en el tiempo, que reduzca lapobreza y mejore la distribución del ingreso, en términos reales y no meramente virtuales. Laeficiencia social en la asignación de los recursos fiscales para obtener empleo genuino -un reclamoprogresista- puede ser un objetivo contrapuesto al uso basado en el impacto electoral de dichogasto, una práctica más bien propia de los gobiernos conservadores.
(*) Agencia DYN
