Este lunes desde las 10 de la mañana se realiza la tercera audiencia del juicio unificado por las causas Hotesur-Los Sauces con la lectura formal de los cargos y las elevaciones a juicio de los 19 acusados, entre ellos la expresidenta de la Nación , Cristina Fernández , y su hijo Máximo Kirchner. Para la Justicia la empresa hotelera y la inmobiliaria de la familia Kirchner se usaron para blanquear fondos.
En la tercera audiencia, se reanudará la lectura de los cargos contra los acusados, entre ellos la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández , y su hijo. La expresidenta está señalada como presunta jefa de una asociación ilícita y enfrenta, además, acusación por lavado de activos y recepción de dádivas. Máximo Kirchner , en tanto, está imputado como presunto organizador de esa asociación.
Durante las primeras audiencias ante el Tribunal Oral Federal N°5, se comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio de Los Sauces, en donde la Fiscalía expuso su hipótesis sobre cómo funcionaban las transacciones entre las empresas de Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa y el Grupo Indalo y la inmobiliaria de la familia Kirchner.
La acusación, presentada por el fiscal Diego Velasco , investiga una “compleja maniobra delictiva” a través de la que los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, con colaboración de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, “montaron una matriz de corrupción en distintas áreas del Estado” para “enriquecer ilegítimamente” a “empresarios amigos” como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, ya la propia familia.
La empresa de Báez “participó de este mecanismo permanente para el lavado de activos, aplicando fondos ilícitos provenientes de la obra pública vial para que la familia presidencial pudiera aumentar notablemente su patrimonio”. En los 10 meses que limitaron el vínculo comercial, Austral Construcciones transfirió $323.915,79 a favor de Los Sauces.
Para justificar el flujo de fondos, Máximo Kirchner, como titular de Los Sauces, y Martín Báez, en representación de la empresa Austral Construcciones, “habrían celebrado un contrato de locación en enero de 2015 a través del cual se habría instrumentado el alquiler del edificio de la calle Moreno N° 882 de la ciudad de Río Gallegos”.
En el expediente Hotesur, la investigación se concentra en la administración y explotación de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, vinculadas con el patrimonio de los Kirchner, y en las operaciones comerciales realizadas a través de Valle Mitre, una empresa relacionada con el empresario Lázaro Báez. Según la acusación, empresas vinculadas con Báez habrían reservado habitaciones en esos establecimientos sin utilizarlas efectivamente, mediante operaciones que habrían permitido transferir ingresos a las sociedades de la familia.
Según la investigación, los Kirchner habrían recibido más de $28 millones entre 2008 y 2015 por este circuito de negocios.
Esta empresa del Grupo Báez “formó parte de este esquema de blanqueo de activos”. Según la fiscalía, le adjudicaron una de las obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz que forma parte de la causa Vialidad y “resultó subcontratista de Austral Construcciones en otras obras públicas que también se encuentran dentro de la investigación que se lleva a cabo en la causa mencionada”.
Loscalzo y Del Curto fue señalada por inyectar ese dinero proveniente de la corrupción a la firma Los Sauces desde enero de 2009 y hasta diciembre de 2014 con el fin de aplicarlos a la actividad inmobiliaria.
“A su vez, no debe soslayarse que la firma Loscalzo y Del Curto también participarán en el reciclaje de fondos ilícitos de la obra pública vial a través de la actividad hotelera , para lo cual, a través de la suscripción de contratos por servicios simulados en el Hotel Alto Calafate, se encargó de canalizar dinero ilícito proveniente de la defraudación al Estado Nacional a la firma Valle Mitre, para que esta luego lo aplique a la actividad hotelera en beneficio de la firma. Hotesur, propiedad de la familia Kirchner”, continuó la acusación.
Luego de “una relación comercial de 6 años”, Loscalzo y Del Curto transfirieron un total de $1.691.580 “a favor de la empresa de los ex presidentes y su familia”. La empresa “decidió alquilar un edificio completo que ella misma había construido y que un mes antes se encontraba con un 60% de avance, y “ gastó en alquilar 6 años la propiedad por una suma superior a la que supuestamente demandó su construcción”.
“Una vez que la firma Loscalzo y Del Curto culminó su vínculo contractual con Los Sauces en diciembre de 2014, Lázaro Báez cambió la empresa desde la que canalizaría los fondos a favor de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, utilizando a la firma Austral Construcciones, que desde el mes de enero de 2015 y hasta el mes de octubre de ese mismo año, se encargó de llegar el dinero ilícito hacer que era defraudado en forma simultánea al Estado Nacional”, impulsaron la fiscalía.
Cuando el kirchnerismo perdió las elecciones de 2015, “Los Sauces también decidieron romper su relación con la empresa Austral Construcciones, al igual que hizo con la sociedad Kank y Costilla, y que le permitió legitimar desde el principal contratista de obra pública beneficiada por el Estado la suma de $323.915,79″.
Según la acusación, Los Sauces alquiló luego las mismas propiedades a personas ajenas al circuito, con condiciones muy diferentes. De la investigación surgió que lo cobrado a Austral Construcciones conllevaría sobreprecios del 41%.
La causa Los Sauces, por su parte, analiza los alquileres de propiedades pertenecientes a la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner a empresas vinculadas con Báez y con el empresario Cristóbal López , además de su socio Fabián De Sousa. Para quienes investigan el caso, los contratos podrían haber funcionado como una vía para disimular el origen de recursos provenientes de actividades ilícitas.
La decisión de reunir ambos expedientes fue adoptada por la Cámara Federal de Casación Penal, que parecía que existían conexiones suficientes entre las investigaciones como para que fueran analizadas en un único debate. Entre los puntos en común se encuentran los imputados, las empresas involucradas, los vínculos comerciales y la hipótesis de una misma matriz de circulación de fondos. Entre los principales acusados, además de Cristina y Máximo Kirchner, se encuentran Lázaro Báez y Cristóbal López, junto con otros empresarios y personas vinculadas con la administración de las sociedades.
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