Han pasado veinte años desde que el jurista y politólogo Carlos S. Nino caracterizara a laanomia, es decir la tendencia recurrente al incumplimiento de la ley, como uno de los problemas másgraves de Argentina. En un ensayo titulado gráficamente "Un país al margen de la ley", señalaba quela anomia es "boba" porque estos comportamientos, además de irrogar enormes perjuicios sociales,son frustrantes para los mismos agentes que los realizan. El problema, lejos de haberse resuelto,se ha agravado en estos últimos años y, al incorporarse como un comportamiento habitual, haterminado por recibir la mirada indulgente de los encargados de aplicar la ley, es decir, de lospropios jueces.
La prueba más elocuente de la introducción inconsciente y subrepticia del desvalor quesignifica la aceptación resignada del incumplimiento de la ley lo percibimos cuando inclusive es elperiodismo independiente el que titula o califica de petición de "mano dura" lo que simplemente esel reclamo de que se aplique la ley. Si admitimos el uso inadecuado de las palabras, habremosperdido ya la mitad de la batalla. Las palabras pesan, e influyen decisivamente en un inconscienteestructurado como lenguaje. A diferencia del resto de países democráticos, donde las formasantiguas de lucha de los trabajadores, consistentes en huelgas salvajes, tomas de fábricas oinvasión de los espacios públicos han dado lugar a otras formas más civilizadas de protesta, enArgentina hemos experimentado un sensible retroceso. Cualquier grupo social que efectúa una demandaa las autoridades se atribuye el derecho a cortar una carretera o invadir una dependencia oficial.Como nadie quiere privarse de usar el heterodoxo método de llamar la atención, se va expandiendocomo una plaga al punto que, por ejemplo, en Buenos Aires, se ha interrumpido el tránsito en laPanamericana, una importante vía de comunicación internacional.
Lo primero que debemos señalar es que este tipo de comportamientos deben ser calificados deinequívocamente antisociales, en la medida que perjudican al conjunto social. Forman parte de unconjunto de costumbres perjudiciales largamente arraigadas en nuestra sociedad como el peso de laeconomía informal, la evasión fiscal, el desorden en el tránsito, el incumplimiento de los horarioso la indiferencia ante la contaminación ambiental. Vistos desde el punto de vista de la economía,estos factores anómicos contribuyen decisivamente al aumento de los costos de las transaccioneseconómicas y a la disminución de la eficiencia productiva del sistema por los retrasos eincumplimientos que implican.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la estructura de estos reclamos adopta la forma deuna metodología extorsiva, en la que se amenaza o produce un daño sobre personas, en ocasionesajenas al conflicto, para obtener un resultado. En el código penal suelen estar tipificadas comoconductas coactivas y generalmente dan lugar a una sanción penal. Equivalen, a lo que en ellenguaje popular se entiende por tomarse la justicia por propia mano.
Finalmente, si lo consideramos desde una visión democrática, son una clara manifestación deintolerancia. En efecto, en vez de canalizarse el reclamo por las vías formales que permiten eltratamiento adecuado de los conflictos, ponderando todos los intereses legítimos en juego, seadopta una metodología totalitaria, donde una visión parcial y necesariamente limitada se imponecomo la manifestación de una verdad incontrovertible e inapelable.
El uso de estas metodologías debe ser rechazado en todos los casos sin que puedan ampararse enla legitimidad de los objetivos o fines que esos reclamos persiguen. Argentina es una sociedad enclaro e indisimulado descenso, porque es una sociedad cada vez más ineficiente e improductiva. Porconsiguiente son cada vez más los sectores que se sienten con derecho a reclamar puesto que susituación ha sufrido un deterioro medido en términos comparativos con el pasado. Pero justamente,el deterioro general puede considerarse como el subproducto natural de la generalización de estasprácticas anómicas.
Como las propias autoridades han legitimado estos comportamientos -al confundir equívocamente laaplicación de la ley con la "criminalización de la protesta social"- desandar el camino no se puedehacer ahora abruptamente, dando palos. Probablemente haría falta una ley que regulara el derecho demanifestación y el derecho de huelga, estableciendo sus límites, como en todas las democraciasavanzadas y de forma progresiva, los autores o inductores a los comportamientos ilegales deberíanser sometidos a procesos que culminaran en una primera etapa con sanciones simbólicas más queefectivas. Pero debería quedar bien clara la voluntad política y judicial de poner fin a este tipode prácticas.
La petición cada vez más consistente de que los reclamos y demandas de los diferentes grupossociales se canalicen a través de los causes democráticos contemplados en nuestro sistemainstitucional, nunca debería ser entendido como una demanda de "mano dura". Menos aún puedeconsiderarse como una exigencia que responde a ideologías conservadoras o autoritarias. Es unreclamo absolutamente razonable y legítimo en una sociedad democrática. No hay sociedad posible silas normas jurídicas, que pautan los comportamientos socialmente admitidos por el Parlamento, sedede la voluntad popular, son sistemáticamente desconocidas. La labor de aplicar la ley no puede serni dura ni blanda y la distancia de hacerlo o no hacerlo es la misma que separa una sociedadcivilizada de otra en la que impera le ley de la jungla.
(*) Agencia DYN
