La obstrucción al acceso a la información, la falta de control por parte del Estado y una debilidad en la legislación permiten que los funcionarios (no todos, claro) alteren sus patrimonios.
De este modo, violan la esencia de una declaración jurada: detectar si con dinero público, secretarios o ministros se enriquecen ilícitamente o incurren en conductas incompatibles con su función.
De las declaraciones juradas del gabinete K surgen irregularidades groseras. Funcionarios con ingresos de 40 mil pesos mensuales que declaran no tener ni siquiera una caja de ahorros, otros que compran viviendas a un precio muy bajo en Puerto Madero, y otros que juegan con los bonos teniendo información privilegiada acerca de cómo va a evolucionar la economía.
